Estados Unidos atraviesa una clara transición demográfica. Aunque en menor medida que otros países desarrollados, la natalidad ha disminuido y el porcentaje de población de 65 años o más ha ido en aumento. Además, los jóvenes alcanzan niveles educativos más altos. La población mayor de 25 años con título universitario —y que, por tanto, aspira a empleos que requieren mayor capital humano— aumentó del 30 % al 38 % entre 2011 y 2021. Este contexto reduce la disponibilidad de trabajadores dispuestos a ocupar puestos manuales o de baja calificación, justo cuando el país intenta reactivar su industria manufacturera y depender en menor medida de la producción extranjera.

 

Durante décadas, los migrantes indocumentados —especialmente mexicanos— han ocupado empleos clave en agricultura, construcción, cuidado personal y manufactura. Muchos se insertan en sectores con poca demanda entre la población nativa debido a las condiciones exigentes o los bajos salarios. De acuerdo con el Pew Research Center, el 4.8 % de la fuerza laboral en 2022 se conformaba por personas sin autorización migratoria. En estados como California, Nevada, Nueva Jersey, Texas y Florida, más del 7 % de la fuerza laboral se encuentra en esta situación. Su aporte ha sido esencial para mantener operativos segmentos estratégicos de la economía.

 

Uno de los sectores con mayor escasez de mano de obra es la manufactura. Hoy existen más de 400 mil vacantes sin cubrir, una cifra que seguirá creciendo conforme se jubilen los trabajadores del “baby boom”. Según estimaciones del Manufacturing Institute, para 2030 podrían quedar sin cubrir más de 2 millones de empleos si no se atiende esta brecha. Sustituir a los migrantes por trabajadores nativos no solo es difícil: es costoso. Atraer mano de obra local implica elevar salarios y mejorar condiciones, lo que encarece la producción, reduce márgenes de ganancia y debilita la competitividad industrial frente a países con mano de obra más barata.

 

Uno de los objetivos centrales de Donald Trump en su regreso a la presidencia ha sido recuperar empleos manufactureros y traer de vuelta la producción al territorio estadounidense. Sin embargo, su política migratoria contradice ese propósito. La intensificación de redadas y medidas punitivas ha colocado a la población migrante en una situación de alta vulnerabilidad y temor. Estas acciones reducen aún más la disponibilidad de mano de obra en sectores donde ya existe escasez estructural, y también pueden causar graves estragos regionales y sectoriales. Por ejemplo, regiones rurales de California, Texas y otros estados enfrentarían crisis de producción por falta de reemplazo laboral. Incluso algunos líderes empresariales han advertido que estas políticas obstaculizan los esfuerzos de relocalización industrial.

 

Cerrar las puertas a quienes sostienen las cadenas productivas mientras se promete reindustrializar es poco viable. Sin una política migratoria que reconozca la realidad del mercado laboral, la recuperación manufacturera será más lenta, más costosa y mucho menos efectiva. En cambio, una política más sensata sería apostar por programas de capacitación que, tomando en cuenta el avance tecnológico del sector manufacturero, permitan enfrentar la escasez de mano de obra sin sacrificar competitividad.