La iniciativa de reforma electoral que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados expresa su visión del sistema político con el que sueña.

Es volver a los tiempos del PRI en los años que empezó a militar y se formó, que es la época de Luis Echeverría, donde el presidente y su partido hacían del país lo que querían.       

Su propuesta tiene dos grandes objetivos:

1) Que el órgano electoral deje de ser autónomo y pase a control del gobierno como era antes de la reforma electoral del 2000. 

Esto bajo el pretexto de reducir los costos y simplificar las estructuras, pero lo que se pretende es devolver al Ejecutivo Federal el control de las elecciones.

2) Regresar a la composición de la Cámara de Diputados anterior a la reforma electoral de 1977, para que el partido en el poder tenga todas las ventajas.

Al eliminar a los diputados y, también a los senadores de mayoría relativa, el partido en el gobierno obtiene clara mayoría y la oposición queda con escasa posibilidad de obtener escaños por la vía directa.   

Algunos presidentes populistas que se dicen de izquierda, en Centroamérica y América del Sur, llegaron al poder vía elección, y ya en el cargo modificaron la Constitución, para quedarse eternamente en la silla presidencial.

López Obrador sabe que en México eso no lo puede hacer y por eso lo que pretende, con una reforma claramente regresiva, es volver a los años del autoritarismo del PRI, ahora encarnado en Morena. Esa es su posibilidad y su límite. 

El presidente es consciente que su propuesta de reforma no va a pasar, es escandalosamente antidemocrática, pero con ella construye una narrativa, que le permite consolidar su imagen ante sus bases.  

Y en lógica de campaña, que inició desde hace 16 meses, le da elementos para desacreditar y descalificar a la oposición que acusa de negarse a la austeridad y a la democracia directa.

El presidente tiene al país discutiendo sobre la refirma en los términos que impone en su comparecencia mañanera. Su narrativa es poderosa y convence a los suyos. 

Y mientras eso ocurre, en la certeza de que la reforma no pasa en los términos que quiere, utiliza todo el poder de que dispone y le otorga la ley, para avanzar en su propósito de controlar al INE.

Hizo que los diputados de Morena, en el presupuesto 2023, le quitaran el 20% de sus recursos, y en él, en su momento, va a nombrar a los nuevos consejeros del INE y magistrados del TEPJF. La ley lo faculta.  

El próximo domingo está citada una marcha en apoyo al INE en más de veinte ciudades del país. El presidente desde ya, en sus mañaneras, se ha dedicado a insultar a quienes asistan a ellas.

Si las marchas resultan un éxito puede abrirse un camino de expresión ciudadana, que puede convertir la calle, como ocurrió en otros países de América Latina, en un poderoso instrumento de hacer política.

El presidente tendría que enfrentarse a una realidad que no tenía contemplada. Abriría un espacio que nadie ha vislumbrado. Es, con todo, muy difícil que ocurra en una realidad como la nuestra. 

De no suceder nada nuevo y significativo, el presidente seguirá con su proyecto de hacerse del INE por la vía de la actual ley, tiene mucho margen, aunque no pase su iniciativa.

López Obrador con su propuesta de reforma y actitud ante el INE se muestra en lo que es, un viejo priista autoritario y antidemocrático que goza del ejercicio personal del poder, en el se formó. La historia conoce a muchos de ellos.

El Dr. Rubén Aguilar Valenzuela es académico del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.

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