En el marco de la presentación del informe 'Derecho a la verdad en México. Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos', realizado este 9 de febrero en la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas urgieron a establecer mecanismos contra la impunidad que realmente garanticen acceso a justicia y verdad en casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El informe, que retoma el trabajo de las organizaciones en  casos como Ayotzinapa, las desapariciones en Nuevo León, la Guerra Sucia, las ejecuciones sumarias, el multihomicidio de la colonia Narvarte o casos de tortura sexual ejercida por militares, encontró que en México el derecho a la verdad se enfrenta a serias dificultades, que la verdad está en disputa, que el Estado tiene responsabilidad en garantizarla y que, por el contrario, ha dificultado deliberadamente el acceso a la misma. En este sentido, la elaboración del informe Derecho a la Verdad en México generó reflexiones que llevaron a la necesidad de contar con mecanismos de acceso a justicia y combate a la impunidad y con instituciones autónomas e independientes.

Derivado de estos hallazgos y de la crisis de violaciones a derechos humanos, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña–Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, instan a la siguiente administración a que priorice en su agenda las siguientes medidas:

Dicho consejo debe estar compuesto por especialistas nacionales e internacionales con reconocido prestigio en la materia y con experiencia en organismos de supervisión internacional. El consejo deberá supervisar las investigaciones penales de violaciones graves a derechos humanos y casos de corrupción, con el acompañamiento de una amplia base de organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

Las organizaciones que participamos en la elaboración del informe estamos convencidas de que la adopción de estos puntos mínimos debe ser un compromiso concreto de la próxima administración, como punto de partida para comenzar a revertir la grave situación de violencia, impunidad y opacidad en México. El proceso de elaboración del informe Derecho a la Verdad en México sirvió como base para generar reflexiones que llevaron a plantear estas exigencias.

Fotos: PEDRO RENDÓN