Personas con discapacidad, el grupo al que más se le niega capacidad jurídica: Nashieli Ramírez (CDHCM)
Aproximadamente alrededor del 15 por ciento de la población mundial, es decir, más de 1000 millones de personas, vive con algún tipo de discapacidad, de acuerdo con la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C. (CONFE), y aún hoy continúan siendo “el grupo al que más comúnmente se le niega la capacidad jurídica”, incluso a pesar de la reforma en la materia, según condenó Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
Al encuentro acudieron estudiantes, activistas y profesorado.
La Universidad Iberoamericana fue sede el 20 de noviembre pasado del Sexto Encuentro Internacional ‘Tarea pendiente: garantizar el goce, ejercicio y acceso a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual’, en el que expertas y expertos reflexionaron sobre cómo seguir avanzando hacia el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de esta población.
"Debemos repensar la manera en que se enseña en las escuelas de Derecho, pues desde nuestra disciplina se han negado derechos tan básicos como el reconocimiento de la capacidad de las personas para actuar." Dr. Ricardo Ortega |
En el encuentro participaron Beatriz Ulloa Montemayor, Coordinadora de Atención a Personas con Discapacidad de la IBERO Ciudad de México; la titular de la CDHCM, antes mencionada; el Mtro. Aldo Muñoz Ortiz, Director de Políticas de Fomento a la Inclusión (en representación de la Directora del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Ruth Francisca López Gutiérrez); Adalberto Méndez López, secretario ejecutivo del Centro Iberoamericano para el Fomento del Derecho Internacional y los Derechos Humanos; Amalia Gamio Ríos, vicepresidenta del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y el Dr. Ricardo Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho de la IBERO.
De izq. a der.: el Dr. Ricardo Ortega Soriano, Mtro. Aldo Muñoz Ortiz, Adalberto Méndez López, Nashieli Ramírez Hernández, Amalia Gamio Río y el Lic. Javier Quijano Orvañanos, presidente de CONFE.
En una sesión traducida en vivo a la Lengua de Señas Mexicana, la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez enfatizó que el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad “es un punto de partida para el ejercicio de los demás derechos en un sistema social normativo”, como fundar una familia, casarse, ejercer la paz, expresarse, otorgar el consentimiento informado en el ámbito de su derecho a la salud, decidir cómo vivir su vida, entre muchos otros.
El Lic. Javier Quijano Orvañanos, presidente de CONFE, destacó la importancia de que estudiantes de la carrera de Derecho y materias afines, así como personal docente y académico conozcan la situación actual de los nuevos estándares jurídicos, a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En tanto, el Mtro. Aldo Muñoz habló de la importancia de no quedarse en una buena intención, sino diseñar políticas públicas que tomen en cuenta a las personas con discapacidad en todos sus procesos, para continuar avanzando hacia una sociedad verdaderamente inclusiva, en la que todos los derechos sean para todas las personas, lo cual es una “tarea pendiente”.
Sexto Encuentro Internacional ‘Tarea pendiente: garantizar el goce, ejercicio y acceso a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual’.
Adalberto Méndez, por su parte, señaló que la reforma publicada el 8 de junio de 2023, que elimina la figura de interdicción, era necesaria, pero ha sido insuficiente y está incompleta, ya que fue pensada desde el privilegio y puede implicar el peligro de una falsa inclusión. Debido a ello, llamó a seguir haciendo presión desde la sociedad civil, para exigir al gobierno mejorar un código que no fue consultado con todos los grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad en extrema pobreza, que viven en comunidades indígenas o son LGBTIQ+.
Amalia Gamio cuestionó que se reconozcan derechos hacia las personas cuidadoras, pero no hacia las que tienen discapacidad. Lamentó que “poco se ha avanzado” en el poder ejercer la capacidad jurídica, que es lo más básico para los otros derechos. Y reconoció el papel de la sociedad civil, que es la que ha logrado las reformas.
Finalmente, el Dr. Ricardo Ortega invitó a repensar la manera en que se enseña en las escuelas de Derecho, debido a que desde esta disciplina se han negado derechos tan básicos como el reconocimiento de la capacidad de las personas para actuar. También instó a reflexionar en las aulas sobre “qué significa y qué implica este cambio de paradigma, de reconocer la importancia de los sistemas de apoyos como un elemento que tiene que ir de la mano necesariamente de las soluciones jurídicas con las que atendamos los temas de personas con discapacidad”.
El Dr. Ricardo Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho de la IBERO, y Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Texto y fotos: Mariana Domínguez Batis
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