Una de las acciones que se pueden hacer desde la sociedad civil para atender la situación en Afganistán es solicitar al gobierno que brinde asilo a las personas que están en riesgo, sobre todo a mujeres activistas, periodistas, intérpretes, políticas o juezas, señaló la Dra. Elvia González del Pliego Dorantes, coordinadora del Programa de Género e Inclusión de la IBERO.

Aconsejó acercarse a organizaciones que trabajan con personas refugiadas y hablar en las escuelas y universidades sobre lo que está pasando en Afganistán. Además, se debe seguir y apoyar a las voces de la comunidad afgana y compartir sus historias en las redes sociales para mantener la presión sobre las y los líderes mundiales para que actúen.  

Hace unos días, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México inició el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio por parte de ciudadanos afganos, especialmente mujeres y niñas.

La doctora en Estudios Interdisciplinarios de Género recordó que, desde el año pasado que iniciaron las conversaciones entre el Talibán, Estados Unidos y el gobierno afgano anterior, mujeres que trabajan en el periodismo, la salud y la policía han sido asesinadas.

“En estos momentos ya hay mujeres que están siendo forzadas a dejar sus trabajos en los bancos y se les pide que en su lugar manden a varones de su familia. Se está prohibiendo la entrada a alumnas y profesoras a las universidades. Ya desde antes de esta situación, los talibanes detenían a las niñas al ir a la escuela y a las mujeres al ir al trabajo”, explicó.

Tomó como referencia a la activista afgana Homira Rezai, quien en una entrevista a la BBC dijo que en Kabul los talibanes estaban yendo casa por casa buscando activistas, blogueras, youtubers y a cualquier mujer asociada con el desarrollo de la sociedad afgana. Al llegar, marcan las casas con color rosa o colores brillantes para asegurarse que ahí deben regresar.

La especialista en temas de género rememoró las recomendaciones que hizo al estado afgano la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), en donde se observan puntos positivos como la Ley de Lucha contra los Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito.

Y el Código Penal, que contiene disposiciones relativas a los crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra y que tipifica como delito la violación, la trata de personas con fines de explotación sexual y a efectos de explotación laboral; y la práctica del bacha bazi (explotación y abuso sexual de niños).

Además del acoso a las mujeres al prohibir las llamadas ‘pruebas de virginidad’, así como la derogación de exenciones de responsabilidad penal para los autores de asesinatos cometidos por motivos de ‘honor’, promulgado mediante un decreto presidencial en 2017.

De acuerdo con la académica de la IBERO, Cedaw marca esto como positivo. Sin embargo, al leer las recomendaciones, hay situaciones que, aun estando en ley, no están cambiando en la vida real, es decir, no hay una igualdad sustantiva. Por lo cual, se observan problemáticas importantes que no se mencionan:

• La discriminación por razón de sexo y género.
• Tras la aprobación del Código Penal se eliminó la sección sobre violencia contra la mujer.
• La violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto, persiste en todos los ámbitos de la vida en el Estado parte.
• Los crímenes de lesa humanidad siguen sin ser castigados.
• Falta de recursos humanos, técnicos y financieros dedicados al mecanismo nacional para el adelanto de la mujer.
• Se siguen cometiendo asesinatos por motivos de ‘honor’ que no se denuncian.

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Valentina González/ICM