El gran debate sobre la sobrerrepresentación en el Congreso tiene que ver con la lectura que realizarán tanto el INE como los tribunales de la Constitución, ya que el artículo 54 se redactó haciendo referencia a partidos políticos y no a coaliciones, afirmó el Doctor (Dr.) Ricardo Alberto Ortega Soriano, profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

Precisó que básicamente hay tres lecturas: una orientada a que no es posible variar el sentido literal de la Constitución –la cual hace referencia a una sobrerrepresentación de partidos—; la segunda, vinculada a establecer límites para que una coalición, con su representación en el Congreso, no invalide a las demás opciones. Esta lectura de la Constitución implica una interpretación conjunta del artículo 54, con la perspectiva que introdujo el COFIPE en la reforma de 1996 y que hacía referencia a coaliciones.

“Bajo esta segunda lectura de la Constitución, podríamos pensar que el espíritu atendería a evitar que las coaliciones no tuvieran un límite que exceda al 8% en términos de sobrerrepresentación”, acotó el especialista en derecho de nuestra casa de estudios.

Sin embargo, existiría una tercera opción que reconocería que, si bien es posible definir el límite de sobrerpresentación teniendo presente la existencia de coaliciones, debería tenerse en cuenta también que la ley electoral permite que los votos se puedan computar ya sea a la coalición o bien de forma separada a los partidos políticos de manera independiente (incluso las boletas electorales contemplan los logotipos de los partidos políticos de manera sepaada). Este criterio de interpretación establecería que no obstante que existen coaliciones, existiría la posibilidad de realizar el cómputo de forma independiente a los partidos políticos que la conforman.Indicó que lo que se juega en términos de interpretación constitucional es que todas estas lecturas son problemáticas porque la primera da cuenta de una revisión más literal sobre el papel de los partidos; y la segunda, requeriría una interpretación más amplia en donde las coaliciones resultan fundamentales para entender cómo se articulan las fuerzas del sistema político mexicanos, y la tercera, reconocería la existencia de coaliciones, pero también la posibilidad de computar la sobrerrepresentación de manera independiente a cada partido.

Dijo que en la medida que una coalición (conjunto de partidos) alcance la mayoría calificada, eventualmente tendrán el poder de llevar a cabo reformas constitucionales sin ninguna clase de limitación, y obviamente representa un gran riesgo porque puede modificar aspectos esenciales del sistema democrático.

“Cuando uno lo piensa desde una perspectiva no democrática, pues es peligroso, porque la gran pregunta es ¿cuál es el objetivo de esas reformas? Si lo que buscan es hacer que se concentre más el poder o que se limiten los contrapesos democráticos que existen actualmente, aunque tengan deficiencias los órganos autónomos o el propio Poder Judicial en su funcionamiento”, apuntó.

Abundó que, si esas reformas constitucionales se plantean con responsabilidad y con vocación democrática, podrían ser una gran oportunidad para impulsar transformaciones o cambios que realmente corrijan el funcionamiento de algunas instituciones como las fiscalías, la CNDH o el INAI, los cuales podrían fortalecerse.

Afirmó que lo que tenemos enfrente con la sobrerrepresentación es profundamente incierto, porque una mayoría calificada permite adoptar decisiones en cualquiera de los dos sentidos: uno, hacia el desmontaje de las instituciones democráticas; el otro, hacia su fortalecimiento y “es ahí es donde estamos ahora”.

De confirmarse la mayoría calificada, señaló que está la pregunta de hasta donde las iniciativas del presidente avanzarán como están planteadas, o bien, convivan con la perspectiva que pudiera aportar la presidenta electa. De esta manera, es importante identificar cuál será su propósito ya que eventualmente podrían implicar la desaparición de órganos autónomos y cambios en el sistema de selección de jueces y ministros del Poder Judicial.

“Si en el proceso de selección de ministros de la Suprema Corte se adoptan criterios que no tomen en cuenta la especialidad, las capacidades técnicas de las personas que participen, pues evidentemente se puede desnaturalizar el modelo de justicia que requiere cualquier democracia”, resumió.

Manifestó que la sociedad civil debe estar vigilante y muy atenta del proceso de reformas y exigir que se cumplan con ciertos mínimos requisitos técnicos, pues es importante que se lleven a cabo de manera responsable y con vocación democrática, sin afanes de venganza y con el objetivo de fortalecer las instituciones.

Texto: Luis Reyes. Foto: X/@Mx_Diputados

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