La reforma a la Ley de Amparo combina tres componentes: los que cierran espacios a la arbitrariedad procesal o a estrategias de dilación; los que limitan los efectos generales de las sentencias de amparo en la Suprema Corte, y los que otorgan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de congelar cuentas financieras sin ninguna supervisión judicial, dijo la Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel.

La Coordinadora del Observatorio IBERO sobre el Sistema de Justicia indicó que la modificación a la reforma a la Ley de Amparo busca frenar la recusación, que si bien aparta a un juez de un asunto cuando hay causa legal que pone en duda su imparcialidad, se ha usado para alargar los procesos judiciales, que a su vez evitan que se celebren audiencias.

Apuntó que la modificación asegura no extender los efectos generales de las suspensiones decretadas por la Suprema Corte en un juicio de amparo, en un contexto en el que las y los jueces tienen menos margen, y cuando el régimen se mueve a un sistema de partido hegemónico.

Advirtió que la UIF es una autoridad administrativa que podría tener la atribución de congelar cuentas financieras sin ninguna supervisión judicial, lo que dejaría al quejoso o quejosa con un juicio que lo ponga fuera de la vida económica del país, mientras se desarrolla, lo que podría durar varios años.

Sobre la nueva conformación de integrantes en el Poder Judicial, la Dra. Magaloni Kerpel señaló que el Observatorio IBERO sobre el Sistema de Justicia tiene evidencia que hubo un acordeón que sí determinó a las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal de Disciplina Judicial.

Elección Judicial no aseguró candidatas y candidatos idóneos para impartir justicia

Refirió que la mayor deficiencia que tuvo la elección judicial es que no aseguró a la sociedad que las y los candidatos fueran idóneos para impartir justicia o para desempeñar sus labores, porque lo que ha venido pasando en varios estados es que las y los jueces designados han estado renunciando.

"No me queda claro que el acordeón funcionó para los tribunales colegiados, ni para los jueces de distrito y de esos vamos a ver quiénes son 'los dueños'. Si acabaron siendo los gobernadores, cambia bastante la estructura del Poder Judicial porque acaba convirtiéndose en una estructura local", manifestó.

Sobre el sistema judicial, recalcó que ha dejado fuera a muchísimas personas, que acostumbradas a padecer uno precario y corrupto que se está cayendo, el nuevo no parece mejor porque las empresas y personas están preocupadas por cómo van a resolver las y los jueces sus asuntos, si tienen la capacidad de escuchar sin sesgos y si son imparciales, y en cada entidad será distinto.

"El cambio de estafeta entre las y los jueces que entraron y salieron ha sido más tortuoso por la sencilla razón que los órganos administrativos que están a cargo de esa transición también se están conformando. Antes, esos cambios hubieran sido realizados por el Consejo de la Judicatura. La primera gran asignatura es cómo vamos a desatascar el sistema y hacer que se mueva", afirmó.

Adelantó que el Observatorio IBERO sobre el Sistema de Justicia trabaja en rediseñar dos procesos muy usados por la población y que funcionan mal: el cobro de la pensión alimenticia y el cobro de deudas pequeñas, además de poner en el debate público las ideas eje para reconstruir el sistema de justicia a nivel local.

"Vamos a tener un seminario permanente donde van a venir expertas y expertos del mundo a contarnos soluciones tecnológicas para el acceso a la justicia. Estamos pensando quizá en un chatbot de abogado de oficio porque la siguiente reforma a la justicia es tecnológica. Se tiene que pensar el sistema desde los usuarios y no desde las leyes, hay que reconstruirlo de abajo hacia arriba", acotó.

Texto: Luis Reyes/ Foto: Pexels

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