La administración Trump ha generado mucha polémica desde el inicio, incluso antes de las elecciones, debido a los cambios drásticos en determinadas políticas y discursos respecto a la administración anterior. En el ámbito de los derechos humanos, la situación no ha sido distinta.

Por el contrario, han sido motivo de constante preocupación e indignación sus acciones contra migrantes y refugiados; el desmantelamiento de sistemas de protección a favor de personas LGBTI y mujeres; particularmente, por lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos;  ataques a la libertad de prensa; el respaldo abierto a la tortura como método para extraer información, entre muchos otros que la organización Amnistía Internacional Estados Unidos resume en el sitio https://www.amnestyusa.org/trump100days/.

Se suman a esa lista dos decisiones recientes tomadas por el gobierno estadounidense que han sorprendido una vez más a la comunidad internacional. La primera es la relacionada con la política de “tolerancia cero” y la separación de entre 2,000 y 3,000 niñas y niños (muchos de ellos probablemente refugiados centroamericanos) de sus padres y madres indocumentadas al ser éstos procesados penalmente luego de ingresar a territorio estadounidense.

Esta práctica deplorable ha sido ya motivo de numerosas declaraciones de parte de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos e incluso de los más altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En un comunicado difundido el lunes 18 de junio el vocero del Secretario General de la ONU señaló que “[c]omo cuestión de principio, el Secretario General cree que refugiados y migrantes deben ser tratados con respeto y dignidad, de conformidad con el derecho internacional existente. Los niños no deben ser traumatizados por ser separados de sus padres. La unidad familiar debe prevalecer”.

El mismo día, en su mensaje dirigido al Consejo de Derechos Humanos en su 38 periodo de sesiones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su profunda preocupación por el “abuso” al que se está sometiendo a estos niños y llamó al gobierno de Estados Unidos a ponerle fin a esta práctica, proteger los derechos de la niñez “cualquiera que sea su estatus administrativo” y ratificar finalmente la Convención sobre los Derechos del Niño.

El artículo 2 de dicho tratado establece el deber de respetar los derechos de la niñez sin discriminación alguna, inclusive frente a la condición de sus padres. Luego, el artículo 3 establece que “[e]n todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. De los 18 tratados de derechos humanos adoptados en el seno de la ONU, la Convención sobre los Derechos del Niño es la que cuenta mayor número de ratificaciones. En efecto, ha sido ratificada por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, excepto por Estados Unidos.

A decir de la administración Trump, y concretamente de la Secretaria de Seguridad Nacional, no existe una política de separación sino una “responsabilidad estatuaria” de “proteger” a la niñez del tráfico y la trata de personas y otros delitos. Sin descartar que haya casos en los que niñas y niños son de hecho víctimas de trata, diversos actores como Amnistía Internacional han denunciado que esta práctica responde más a un método de disuasión que instrumentaliza de manera cruel a las y los niños, para que menos migrantes y refugiados ingresen a los Estados Unidos.

El escándalo ante dicha práctica ha provocado incluso la reacción de la Academia Americana de Pediatría, el Colegio Americano de Médicos y la Asociación Americana de Psiquiatría, quienes han alertado sobre los efectos catastróficos que tiene en la salud mental de las y los niños, la separación forzada de sus padres y madres. No hay adjetivo que llegue a calificar adecuadamente esta injusticia.

La segunda decisión aludida al inicio de este artículo fue la anunciada el día de ayer, 19 de junio, por el gobierno de Estados Unidos de abandonar en Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo fue creado mediante la Resolución 60/251 de la Asamblea General el 15 de marzo de 2006, para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (órgano que funcionó durante 60 años) luego de un proceso de reforma. Es un órgano compuesto por 47 Estados de la ONU, elegidos mediante votación directa, individual y secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea.

De acuerdo con dicha resolución, el Consejo de Derechos Humanos es “responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa”. El principal mecanismo que tiene el Consejo para llevar a cabo esta tarea es el Examen Periódico Universal, que consiste en evaluar cada cuatro años (de manera escalonada) de la situación de derechos humanos que prevalece en cada uno de los Estados Miembros de la ONU conforme a los derechos y obligaciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En este punto es necesario recordar que la ratificación de tratados de derechos humanos (es decir, la manifestación de la voluntad de obligarse a cumplir las disposiciones de un tratado) no es uniforme, puesto que los Estados deciden cuáles ratificar en ejercicio de su soberanía. En consecuencia, no todos los Estados son evaluados por todos los mecanismos de monitoreo establecidos por dichos tratados (denominados formalmente “órganos de tratados”, por ejemplo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas).

Para países que no han ratificado todos los tratados o que han ratificado pocos, por ejemplo, Bután (4), Estados Unidos (5), Myanmar (5), Malasia (5), el Examen Periódico Universal representa una oportunidad para monitorear la situación que prevalece en sus países respecto de todos los derechos contenidos en la Declaración Universal. Por ello el Consejo es un órgano de gran importancia que debe ser fortalecido.

El gobierno de Estados Unidos decide abandonar el Consejo de Derechos Humanos por considerarlo un órgano “hipócrita”. Sin embargo, al considerar las numerosas denuncias internacionales que se han hecho ante la infame separación de niñas y niños en sus fronteras, entre otras acciones que cuestionan su compromiso con los derechos humanos, resulta inevitable apreciar las contradicciones. Aún con ello, hubiera sido deseable, desde nuestro punto de vista, que Estados Unidos permaneciera en el Consejo, puesto que su retirada podría el generar debilitamiento de este órgano internacional. Además, tratándose de un órgano que promueve los derechos humanos mediante el diálogo entre naciones, la retirada constituye una renuncia a esa posibilidad, por lo menos a través de ese canal. Frente a esta decisión, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró el día de ayer que “[c]on el estado actual de los derechos humanos a nivel mundial, EE.UU. debería intensificar sus esfuerzos, no dar un paso atrás”.

Día Mundial de los Refugiados

Por último, por ser hoy, 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados cabe una reflexión al respecto. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados apunta que en la actualidad hay 68 millones de personas en el mundo que han sido desplazadas de manera forzada. Pues bien, varios miles de refugiados se encuentran también en México y requieren de protección efectiva, a través de un sistema de asilo que funcione de manera adecuada. Cada día con mayor urgencia se hace necesario fortalecer las capacidades del sistema de asilo mexicano, no sólo para responder a la crisis actual, sino para responder de manera efectiva en la atención de todas aquellas personas que llegarán a México como consecuencia de las políticas anti-migrantes estadounidenses que ya fueron mencionadas.

Con motivo de esta importante fecha, nos dimos a la tarea de investigar quiénes son las personas que en México solicitan asilo y cuyos trámites no han sido resueltos, pero sobre todo si es que entre todas ellas hay niños y niñas cuyos derechos están siendo violados en México día con día[1].

Desde del 30 de octubre de 2017 (fecha en que entró en vigor el acuerdo de suspensión de plazos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR) hasta el 17 de mayo de 2018, tenemos conocimiento de que 15,072 solicitantes de asilo se encuentran con su trámite suspendido.[2]

De estas 15,072 personas, la mayor parte de ellas son mayores de edad. En efecto, el promedio de edad de las personas solicitantes está entre los 23 y los 29 años. Sin embargo, un gran porcentaje de las personas solicitantes se encuentra conformado por personas menores de edad, como se aprecia en el siguiente gráfico:

Este último gráfico nos indica que una buena parte de las personas solicitantes de asilo cuyo trámite se encuentra suspendido son personas menores de edad (niños, niñas y adolescentes). Los porcentajes anteriores se traducen en que 778 niños y niñas venezolanas, 834 salvadoreñas, 1649 hondureñas y 210 guatemaltecas, se encuentra imposibilitadas para acceder a educación, servicios de salud, vivienda digna y demás derechos que podrían ser mucho más accesibles con un documento migratorio que reconozca su estatus de refugiado.

Asimismo, estas niñas y niños se encuentran en un limbo de incertidumbre en donde además de las enormes carencias a las que se enfrentan día a día, se enfrentan a la posibilidad de ser deportadas a sus países de origen en donde su vida, seguridad e integridad personal se encuentran en grave riesgo.

Las alarmantes cifras anteriormente citadas seguramente se incrementarán en unos meses derivado de las acciones y políticas del presidente Trump. Por ello es primordial considerar el fortalecimiento del sistema de asilo mexicano. Ello significa, entre otras cosas, que cuente con personal, infraestructura y recursos suficientes.

Por lo tanto, instamos al próximo gobierno a que asuma esta obligación como asunto prioritario en beneficio de las personas refugiadas y solicitantes de asilo que se encuentran en nuestro país y en un acto de coherencia mínima respecto del trato que México demanda a Estados Unidos para con nuestros connacionales.