La única manera de ordenar una crisis de la magnitud de la del COVID-19 es a través de las normas jurídicas, consideró el Doctor José Ramón Cossío, Ministro en retiro, al hablar de los ‘Aspectos legales de incidencia constitucional ante la emergencia sanitaria’, conferencia inaugural del seminario en línea ‘El Derecho frente a la pandemia del COVID-19’, organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Cossío dijo que la pandemia del coronavirus es un momento extraordinario que se está viviendo, y que históricamente, en momentos extraordinarios, los órdenes jurídicos han tenido mecanismos para tratar de preservar un bien común; la colectividad.

Indicó que, el mayor recurso que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para enfrentar un momento extraordinario como esta crisis es la suspensión de derechos y garantías, prevista en el artículo 29, que se renovó recientemente para permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación controle la dimensión de las medidas. Este recurso permanece sin usarse, “y veo que no es una intención, y por el momento tampoco yo lo desearía, que se utilizara”.

Una segunda medida que se tiene es un conjunto de órganos sanitarios (previstos en la fracción 16 del artículo 73), que son el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud.

Ante una enfermedad como el coronavirus, explicó que el Consejo puede determinar y tomar cierto tipo de acciones, y complementarlas con la acción de la Secretaría. Un ejemplo de esto fue cuando el Consejo declaró que el COVID-19 era una enfermedad de atención prioritaria (publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo), y a partir de esta decisión la Secretaría tiene la competencia de establecer la acción extraordinaria en materia de salubridad.

Con base en esta determinación, una de las primeras acciones extraordinarias  emitidas por la secretaría fue distinguir qué personas no están en condición de riesgo; y quiénes están en mayor condición de riesgo, entre éstas: las mayores de 60 años y quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas y comorbilidades, como diabetes, obesidad mórbida, hipertensión y fallas renales.

Aunque a las personas, estén en condición de riesgo o no, se les exhorta a adoptar medidas de restricción y de resguardo (de manera reiterada a las primeras), “no hay una condición coactiva, ni hay una posibilidad, de acuerdo con el decreto, de sancionar personas; porque estamos hablando del plano de las recomendaciones, no de la imposición de obligaciones”.

También se estableció un mayor sistema de control y monitoreo de la Secretaría de Salud a los reportes estatales, a los que está exigiendo rendir los informes de una manera más centralizada y ordenada, para que no haya una dispersión de datos.

Respecto de los centros hospitalarios, se estableció que se les iban a dar las medidas e instrucciones para que reconvirtieran su operación normal de atención a enfermedades propias de nuestro tiempo, a las que tienen que ver específicamente con COVID-19. Y se dijo que las entidades federativas y el resto de los actores de los servicios del sistema nacional de salud (el sector público, el privado y el social), tendrían que tomar medidas para hacer esa reconversión y tener capacidad hospitalaria.

No obstante que las medidas están bien, Cossío opinó que tienen un defecto, “porque otra vez se dice: vamos a hacer, vamos a instruirles, vamos a crear”, es decir, que en lugar de mencionar cuáles van a ser los lineamientos, lo deseable es ver esos lineamientos, sobre todo considerando que en esta semana empezó el pico pandémico.

“Si yo fuera gobernador de una entidad federativa, o si yo fuera director de un sistema hospitalario local o inclusive director de un hospital, lo que debiera ver es qué quiere en esta acción sanitaria unificada la federación, como órgano rector, que haga; no que me diga qué me va a decir en el futuro que va a suceder. Dígame cuáles son los lineamientos para que yo ajuste mi sistema hospitalario a lo que está sucediendo”.

Para Cossío, la relación de la federación con los estados se está comprometiendo, porque debió haberse expedido no sólo la idea de que se van a emitir los lineamientos, sino la totalidad puntual y precisa de lo que se quería que se hiciera por parte de los gobernadores, en materia epidémica; y también en cuanto a libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad de comercio, “libertades que pudieran estar comprometidas dada la manera en la que se quiere en todo el mundo, no sólo en México, enfrentar o contender con la pandemia”.

Y pese a que el Dr. Cossío mencionó con anterioridad no estar de acuerdo con que hubiera una suspensión de derechos, si las cosas se ponen muy mal esta semana, “a lo mejor sí tendríamos que ir pensando ya en un decreto fuerte, bien hecho, no precipitado, de suspensión” (de derechos).

Si bien el Congreso de la Unión estará en periodo ordinario de sesiones hasta el 30 de abril, para después entrar en receso, la Comisión Permanente le puede autorizar al Presidente de la República la suspensión de derechos. “Tendría que hacerse un decreto con una ingeniería constitucional finísima; qué derechos sí, qué derechos no; por qué estos sí, por qué estos no”.

Otra cuestión que destacó el Ministro en retiro es que, a pesar de que la capacidad hospitalaria del país está llegando a sus límites, no hay una precisión de qué hacer cuando estén por saturarse los hospitales y se tenga que elegir bajo ciertos parámetros a quiénes sí y a quiénes no se les va a dar tratamiento.

“Yo sé qué dice el artículo 4°, yo sé qué quiere decir la universalidad de los derechos, sé qué quiere decir el artículo 1°; todo eso lo entiendo perfectamente. Pero debemos ponernos frente al dilema de qué sucede cuando más personas siguen llegando a los hospitales, al que sea, público o privado, y al llegar a los hospitales se les dice, no lo puedo recibir porque no tengo capacidad instalada para recibirlo, no hay más camas, no hay más respiradores, no hay más insumos; es decir, no hay más espacio. Este es el drama extraordinario al que nos vamos a enfrentar”.

Frente a la saturación, la disyuntiva de quién va a poder recibir el servicio médico y quién no, será la entrada a una discusión delicada, angustiante y triste sobre la ponderación de los derechos de unos frente a otros.

Se tendrán que hacer operaciones jurídicas, con la Constitución a la mano; y en lo personal, a Cossío le gustaría, “que esto estuviera establecido en un código, con los muchos problemas que esto va a tener, y que no forzáramos al personal sanitario, así en general, como categoría, a que tuviera que tomar las decisiones sobre la marcha y la operación”.

Al concluir, el Ministro volvió a mencionar que en este momento de la pandemia del coronavirus “conviene rescatar el poder del derecho”, como el único medio para ordenar la vida social.

“Es momento de tomarnos al derecho en serio. Cuando hagamos un decreto, que el decreto diga lo que tiene que decir; que dirigido a quien tiene que ir, que establezca las conductas, los tiempos, los modos, la sanción. Que no sean disparos al aire, que no sigamos perdiendo el tiempo; porque se nos está viniendo el tiempo encima”.

El Derecho frente a la pandemia del COVID-19

Como comentarista de la conferencia ‘Aspectos legales de incidencia constitucional ante la emergencia sanitaria’ participó el Dr. José Luis Caballero Ochoa, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien durante la ponencia del Ministro estuvo formulándole a él algunas preguntas sobre la temática abordada.

En torno al seminario on line ‘El Derecho frente a la pandemia del COVID-19’, el Doctor Caballero explicó que con éste, el Departamento de Derecho de la IBERO aporta ideas para afrontar la urgencia sanitaria que se está viviendo. El seminario, agregó, constará de ocho mesas, unas serán relativas a la emergencia sanitaria; y otras, se enfocarán en temas adyacentes: laborales, comercio y estrategias jurídicas para la reactivación de la economía.

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Texto: PEDRO RENDÓN/ICM