La doctora Magaly Vásquez González, secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de Venezuela, realizó una visita académica a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en el marco del programa ‘UCAB ACCIONES SOLIDARIAS’, con el que la IBERO muestra su respaldo a docentes venezolanos de instituciones de educación superior confiadas a la Compañía de Jesús (como la Iberoamericana), ante la crisis que actualmente se vive en su país.

Vásquez González ha participado principalmente en actividades académicas del Departamento de Derecho de la IBERO (aunque también en algunas del de Estudios Internacionales), dado que es doctora en derecho, y especialista en ciencias penales y criminológicas. Además, ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en los últimos cinco años ha hecho investigación en procedimientos penales especiales, con énfasis en el enjuiciamiento de altos funcionarios.

Durante su estancia de seis semanas en la Iberoamericana (del 18 de febrero al 30 de marzo), destacan tres actividades que encabeza la abogada invitada: el conversatorio ‘Violencia de género. Caso López Soto y Otros vs. Venezuela’, la conferencia ‘Sistema procesal penal venezolano’ y el conversatorio ‘Situación institucional en Venezuela’. Al final de este último, la doctora accedió a otorgar la siguiente entrevista, para ahondar en el tema de ese conversatorio, que ha despertado el interés de la comunidad internacional. Aquí, su punto de vista.

Dra. Magaly Vásquez, ¿cómo se fue gestando esta crisis que actualmente se vive en Venezuela?

Yo diría que en Venezuela estamos en crisis prácticamente desde hace dos décadas; lo que pasa es que en los últimos años ha sido mucho más evidente por la concurrencia de diferentes factores, sobre todo de carácter social y económico, como la baja de los precios de petróleo, que nos afectó mucho.

Pero, ciertamente, se trata de una crisis que inició en 1998, con el arribo de la Revolución Bolivariana al poder, cuando ganó las elecciones presidenciales el teniente coronel Hugo Chávez Frías (quien había dado un golpe de Estado en 1992). A partir de ahí, se convocó a una asamblea nacional constituyente, que elaboró una nueva Constitución; y eso cambió el marco constitucional venezolano.

El carisma del presidente Chávez y todo lo que precedió su elección favoreció una importante concentración del poder en su persona, que se trasladó a las nuevas instituciones, que comenzaron a funcionar, o se tuvieron que relegitimar, a partir de la aprobación del nuevo texto constitucional.

A partir de allí, se podría convenir que ha habido una ausencia de control institucional, porque la mayoría de las dependencias clave del país han estado en manos del oficialismo. Eso condujo a un resquebrajamiento del sistema de control, que se tradujo en que en Venezuela se asumieran una serie de compromisos internacionales que en otras condiciones no se habrían contraído; y a que se establecieran controles o limitaciones a la crítica o al cuestionamiento, a través del procesamiento de ciudadanos, y con limitaciones o cierres, a y de, los medios de comunicación.

Durante la gestión del presidente Chávez hubo muchas expropiaciones de empresas en sectores clave, eso condujo a una merma dramática de la producción en Venezuela, y las consecuencias las estamos padeciendo en los últimos tiempos, porque hay escasez de productos básicos y de alimentos, que generalmente se producían en nuestro país. Lo anterior conllevó a que muchas de estas provisiones tengan que ser importadas.

La baja de los precios del petróleo, la muerte del presidente Chávez y el arribo de Nicolás Maduro a la Presidencia, cuyo liderazgo es bastante precario, ha conllevado a que muchas de las decisiones se terminen imponiendo de manera forzada. Eso ha agudizado la crisis institucional, sobre todo en los últimos tres años, a partir de diciembre de 2015, cuando fue electa por una mayoría abrumadora la Asamblea Nacional, que resultó una asamblea opositora.

Pero el Tribunal Supremo de Justicia, en manos del régimen, comenzó a establecer límites al funcionamiento de esa asamblea, cuando impidió la incorporación de unos diputados opositores, indígenas, con los que se completaría la mayoría absoluta en la asamblea.

Debo aclarar que la Asamblea Nacional en mi país tiene entre sus facultades designar a funcionarios clave en Venezuela, como: los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los Rectores del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.

Mas se ha limitado mucho la actuación de esa asamblea desde diciembre de 2015, al punto de que en el 2017 el Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión en la que asume las funciones de la Asamblea Nacional, bajo la tesis de que ésta estaba en desacato. Esta situación condujo a una situación de crisis, de tal manera que hasta la propia Fiscal General de la República se manifestó señalando que eso era un golpe de Estado; lo que trajo como consecuencia una persecución a la Fiscal General de la República, que hoy en día se encuentra en el exilio.

El régimen de Maduro, con la finalidad de contar con apoyo parlamentario para una serie de decisiones que debía tomar conforme a la Constitución y que requerían la aprobación de la asamblea (por ejemplo, contratos de interés nacional), promovió la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que, según nuestro ordenamiento jurídico, tiene por finalidad elaborar una Constitución.

Pero se eligió como una asamblea totalmente oficialista (que ya tiene dos años funcionando), con la finalidad de tratar de suplir las funciones de la asamblea legítima. Eso explica por qué en Venezuela hay dos Asambleas, dos Fiscales Generales, dos Tribunales Supremos de Justicia, y ahora, además, dos Presidentes.

El año pasado se convocaron de manera anticipada las elecciones presidenciales, con un Consejo Nacional Electoral totalmente arrodillado al gobierno y un registro electoral no depurado; condiciones que en definitiva no eran admisibles para un proceso de esa naturaleza. Por eso en Venezuela se ha sostenido que no tuvimos elecciones, porque los comicios no cumplieron con las condiciones mínimas, y así no podía considerarse una elección presidencial.

Por eso, se dice que el periodo presidencial de Maduro concluyó el 10 de enero de este 2019. Y esa es la razón por la cual el Presidente de la Asamblea asume de manera interina la Presidencia de la República.

¿La sociedad en general, en Venezuela, acepta a Guaidó como presidente?

En algunas encuestadoras serias en Venezuela la aceptación del presidente interino, Juan Guaidó, supera el 70%, desde el momento en que él se declaró formalmente presidente interino de Venezuela.

En general, la sociedad venezolana ha aceptado esto porque entiende qué es lo que corresponde, según el texto constitucional; y que Guaidó, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional (electa por más de 14 millones de venezolanos), es quien debe ejercer esas funciones, hasta en tanto en Venezuela se convoque a nuevas elecciones libres.

El nivel de movilización de la sociedad venezolana logrado por Guaidó ha sido verdaderamente impresionante, tanto que en mi país se habla del ‘fenómeno Guaidó’, porque de verdad ha logrado mover masas en sectores en que tradicionalmente no había participación opositora.

Hoy día es impresionante la aceptación que a nivel nacional han tenido sus ejecutorias, las proposiciones que ha hecho, las decisiones que ha adoptado; por supuesto, en el entendido de que no son decisiones personales o unilaterales, sino que son decisiones adoptadas en su condición de presidente de la Asamblea, y, por tanto, cuentan con el aval de la Asamblea Nacional.

Creo que en general la sociedad venezolana entiende que es una opción que permitirá que el estado de cosas cambie para bien, y por eso se ha sentido identificada con el planteamiento que hace Guaidó, con su gestión y todo lo que se ha verificado en el país a partir de que él asumió la condición de presidente Interino.

Presidencia interina que debería haber iniciado desde el 10 de enero pasado, fecha en que venció el periodo presidencial de Nicolás Maduro, y razón por la que Juan Guaidó ha promovido lo que llama “cese de la usurpación”, en el sentido de que Maduro estaría ocupando el cargo de presidente de manera ilegítima.

El de Guaidó es un gobierno de transición, porque al no haber presidente constitucional electo, este cargo lo asume provisionalmente el titular de la Asamblea Nacional, hasta que se convoque a elecciones libres; lo que supone la existencia de un Consejo Nacional Electoral transparente e independiente, con condiciones electorales claras que permitan que los ciudadanos, tanto dentro como fuera del país, puedan ejercer su derecho a elegir presidente.

¿La sociedad en general, la opinión pública en Venezuela y los venezolanos fuera de su país, qué le piden a la comunidad internacional: que reconozcan a Guaidó, que intervengan en Venezuela o que no lo hagan?

Hoy día alrededor de 60 países han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esta sensibilización tiene que ver no solamente con el hecho de que la misma comunidad internacional cuestionó el proceso electoral que se verificó en Venezuela en el 2018, sino también con que buena parte de las naciones están sufriendo los efectos de la crisis en Venezuela, que se concretan en la migración de venezolanos.

En mi país se dice que han migrado más de cuatro millones de personas, sobre todo a naciones que comparten frontera con Venezuela, como Brasil y Colombia. Eso ha permitido que la comunidad internacional haya volteado la mirada hacia Venezuela, y se percate de la magnitud de la crisis, que se traduce en la falta de medicinas, de alimentos y de condiciones mínimas.

¿Y qué pedimos los venezolanos? Sencillamente, que esta crisis pueda tener una salida, que quisiéramos fuera la menos dolorosa posible, ya que en mi país ha habido muchas muertes, consecuencia de toda esta situación de polarización que vivimos. Muertes que son consecuencia de problemas de alimentos y de medicinas, y también producto de enfrentamientos de la sociedad civil con agentes de seguridad del Estado.

El presidente Guaidó ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Pero a lo que aspira uno como ciudadano es a que obviamente la salida sea la que genere menos dolor, y por supuesto menos sangre.

En cuanto a las presiones internacionales, cabe aclarar que no han sido hacia Venezuela, como en algunos casos se dice en los medios; sino hacia funcionarios del gobierno de Maduro, a quienes se revocan visas, se les prohíbe la entrada a determinados países o sufren consecuencias de carácter económico. Por ejemplo, las medidas que ha adoptado Estados Unidos están focalizadas con nombre y apellido, al congelar cuentas de algunos funcionarios del gobierno de Maduro.

A eso hay que sumar la propuesta que ha hecho el presidente interino, Juan Guaidó, en el sentido de que quienes se aparten del régimen y se coloquen del lado democrático podrían ser favorecidos por una ley de amnistía. Confiamos en que todo ese paquete en su conjunto pueda conducir a una salida constitucional. Y personalmente creo que pensar en una opción de intervención internacional no es lo mejor para Venezuela, que ya tiene suficientes problemas.

Por último, usted, como catedrática de una institución jesuita, la Universidad Católica Andrés Bello, ¿qué opina de la reunión que sostuvieron los Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe para buscar alternativas políticas a la crisis venezolana?    

Por supuesto que para nosotros todo respaldo o toda instancia que esté sensibilizada con el tema venezolano es muy importante. Perteneciendo yo a una universidad confiada a la Compañía de Jesús, como es el caso también de esta Universidad (la IBERO), el que los provinciales de América Latina y El Caribe hayan circunscrito su encuentro precisamente para abordar la situación de crisis en Venezuela es muy emblemático, porque evidencia la gravedad del problema.

El que todos los provinciales de América Latina hayan convocado a este seminario, para evaluar la situación venezolana y pensar en opciones para mi país, es algo que agradecemos. Además, lo consideramos necesario, porque permite a su vez sensibilizar al resto de las instituciones, vinculadas no solamente con la Compañía de Jesús, sino con obras similares; y a la sociedad civil en general, acerca del problema que atraviesa nuestro país.

El comunicado emitido por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL) es muy emblemático, y recoge de manera clara la situación por la que está atravesando Venezuela. Y el que podamos tener como 'voceros' a personajes de esa magnitud, permite también que buena parte de la comunidad internacional se pueda sensibilizar y sentir identificada con planteamientos como ese.

Texto y fotos: PEDRO RENDÓN/ICM