En México, los hogares donde el ingreso máximo es de un salario mínimo, tienen que destinar alrededor del 33% de sus percepciones al pago de sobornos, para poder acceder a trámites y servicios, señaló la maestra Paola Palacios, de Transparencia Mexicana, en el ‘XIII Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita’, realizado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

A nivel país, los hogares mexicanos destinan en promedio alrededor de 14 pesos de cada 100 de sus ingresos a esos mismos asuntos, lo que muestra “cómo la corrupción, el pago de sobornos, disminuye el ingreso, y por ende los derechos económicos o los derechos sociales a los que podrían tener acceso las personas”, dijo Palacios, quien participó en el panel ‘Corrupción y derechos humanos. ¿Es posible establecer alguna conexión que explique la crisis actual?’.

En términos de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, mencionó que la corrupción afecta la producción de servicios estatales que deberían estar garantizados para los ciudadanos e impide el ejercicio de derechos.

Por ejemplo, en el sector salud, se encarecen los servicios de atención sanitaria, los hacen inaccesibles o inexistentes; en educación, se desvían fondos para pagos clientelares, se cobran cuotas a los padres que no deberían existir o se desvían recursos que deberían ser para compra o adquisición de material escolar.

O en el caso de recursos naturales, en “Transparencia Mexicana tenemos también un programa que busca dónde está el financiamiento para proyectos en términos de cambio climático. Sin transparencia o rendición de cuentas sobre esos fondos no se puede ver qué está pasando con el acceso a estos recursos”.

Sobre los derechos políticos y civiles, comentó que el movimiento anticorrupción a nivel mundial se ha enfocado en obtener información y promover transparencia con vistas a facilitar a los individuos la toma de decisiones. “Sin embargo, hemos visto que la corrupción en las campañas electorales distorsiona el proceso democrático, y entonces distorsiona el derecho de los ciudadanos a poder participar directamente en elegir libremente y sin bloqueos a su propio gobierno”.

Cuando es así, los partidos políticos no necesariamente son independientes para tomar decisiones o representar a su electorado, “sino que también pueden representar a otros intereses”; los que estuvieron a lo mejor detrás de su campaña. Ante este hecho no sorprende que, en el Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional, los partidos políticos, junto con los parlamentos, sean considerados las entidades más corruptas de un Estado, “y esto surge desde las campañas políticas”.

Otra cuestión importante señalada por Transparencia Internacional es que la corrupción es la causa y problema esencial de muchas violaciones de derechos humanos; y sin duda la relación inversa también, es decir, la ausencia de derechos humanos y sus violaciones contribuyen a la corrupción.

Como la impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción, es una obligación garantizar los derechos humanos, lograr un acceso efectivo a la justicia y combatir la corrupción, dijo Palacios.

Sobre este último punto, aclaró, que se habla mucho de que la corrupción es una relación entre dos. Pero “no nos confundamos, en la corrupción no se necesitan dos, se necesita una red compleja, de servidores públicos, de empresarios, de sociedad civil, de ciudadanos, de diferentes niveles y órdenes de gobierno, para llevarla a cabo”. Por eso, para poder disminuir la corrupción, es necesario enfocarse en las redes de corrupción, más que solamente en el gobierno o sólo en las empresas.

“Una política anticorrupción efectiva debe sin duda incorporar la perspectiva de derechos humanos, dado que la corrupción no puede ser freno del ejercicio de los derechos que la propia Constitución y los instrumentos internacionales contemplan, como la educación, la salud o la seguridad”.

Además, “es necesario un mayor reconocimiento y análisis de cómo la corrupción contribuye a la violación de los derechos humanos, y cómo se pueden integrar estas relaciones a los procesos de información y acción de los dos movimientos, para que las agendas de derechos humanos y de control de la corrupción ya no sean vistas de manera paralela, sino interrelacionadas”, concluyó la maestra Palacios.

‘Corrupción y derechos humanos. ¿Es posible establecer alguna conexión que explique la crisis actual? fue el cuarto panel del ‘XIII Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita. Servicio a la transformación social. Experiencias, puentes y herramientas para la defensa de los derechos humanos’.

En el panel compartieron la mesa del presídium, con Palacios: Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack (Guatemala); José Blanes Sala, Universidade Federal Do ABC-UFABC (Brasil); y el Dr. Diego García Ricci, coordinador de la Especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la IBERO.

El 13FDH fue organizado por el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y el Museo de Memoria y Tolerancia.

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Texto y fotos: PEDRO RENDÓN/ICM