A unos días de que se cumplan cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Guerrero, en total han sido liberados 77 de los detenidos desde entonces, acusados, no de desaparición forzada, sino algunos de crimen organizado y otros de secuestro.

Gilberto López Astudillo ‘el Gil’, considerado uno de los principales implicados en la desaparición de los 43, fue el más reciente de esos liberados, en un contexto en que el actual Gobierno había creado la ‘Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa’, con lo cual se esperaba que los familiares de los desaparecidos pudieran empezar a trabajar con las instituciones del Estado, acabar con la impunidad y acceder a la verdad.

Y es precisamente por la creación de ese andamiaje y por la generación de nuevos canales de diálogo con las instituciones y con el gobierno que resultan tan graves las liberaciones, porque “era clave iniciar algún tipo de esquema en el que, por un lado, quienes estaban detenidos pudieran dar información de acuerdo a incentivos, lo que se llama colaboraciones eficaces; pero también, sabiendo que había algunas acusaciones que se podían perfeccionar o que se podían volver a generar en contra de quienes están y estaban detenidos en ese momento”, consideró María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Durante su participación en el ‘Conversatorio: A cinco años del caso Ayotzinapa’, acontecido en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, María Luisa agregó que también era clave averiguar “las irregularidades que se cometieron en la investigación de la antigua Procuraduría General de la República, porque quienes estuvieron involucrados en esa investigación tienen información sobre lo que estaba pasando”, e “investigar a quienes estuvieron a cargo de la investigación puede generar que haya nueva información”.

Familiares de los 43 han vivido en tortura permanente

Algunos de los detenidos por el caso Ayotzinapa fueron liberados al comprobarse que fueron víctimas de tortura. Tortura que, en Guerrero, es “el medio de investigación” de mayor uso de las policías y del Ejército, señaló Raymundo Díaz Taboada, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

En el caso de los detenidos de Ayotzinapa, la tortura se ha utilizado de dos maneras. Una, para tratar de encontrar la verdad, porque el Estado mexicano acostumbra torturar para investigar; y la otra, para fabricar delincuentes. Entonces, quienes fueron acusados de secuestro, de delincuencia organizada, fueron torturados desde el momento de su detención, y al ser torturados, todo lo que salga de las actuaciones judiciales pone en duda el proceso.

Asimismo, las torturas infligidas a quienes fueron acusados de participar en los hechos de Ayotzinapa, reflejan la profunda impunidad del Estado mexicano, “un estado criminal, violador de derechos humanos, que tiene como prácticas consuetudinarias la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales”.

En tanto que la desaparición forzada, que es un delito grave y una violación grave a los derechos humanos, cometida por personal del Estado o por particulares de acuerdo con servidores públicos, es también reconocida como una tortura permanente. En ese sentido, “los familiares de los 43, los compañeros de los 43, los normalistas que estaban en ese tiempo en Ayotzinapa, alrededor de 500, han vivido la tortura permanente de la incertidumbre, de no conocer el paradero de sus compañeros”.

Además, esa tortura permanente que viven los familiares de los 43, desde que se confirmó su desaparición el 27 y 28 de septiembre de hace un lustro, ha deteriorado la salud, a nivel físico y psicológico, de los padres y madres de los normalistas.

Se está cayendo la verdad histórica

Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), dijo que, lamentablemente, Guerrero “se forjó a través de grupos caciquiles” y hasta la fecha sigue gobernándose de esa manera. “La forma en cómo se ejerce el poder en el estado no es a través de la ley, no es a través de las instituciones; es a través de la fuerza, es a través del uso del ejército para masacrar, para vigilar a organizaciones que supuestamente están vinculadas con la guerrilla, para verificar qué tanto Ayotzinapa está respondiendo a una agenda de la insurgencia armada”.

“Es decir, están simplemente haciendo vigilancia para impedir que los ciudadanos y las ciudadanas se organicen. Y Ayotzinapa ha sido como esa cápsula que ven como el foco rojo permanente, donde los jóvenes, al movilizarse, están atentando supuestamente, no contra el Estado de derecho, sino contra los intereses caciquiles que hay”.

Por otra parte, mencionó que ahora se están observando las consecuencias de investigaciones que fueron fabricadas, construidas a base de torturas, y “estamos viendo que se está cayendo la verdad histórica, y se está desmantelando también esta telaraña de intereses, donde ahora lo que los padres y madres están reclamando es que en verdad se llame a cuentas a Zerón, a Murilllo Karam, a Aguirre Rivero, a los militares que intervinieron; porque hay que rehacer, hay que recomponer esta situación”.

Y es que a pesar de que hay un nuevo gobierno, las estructuras del aparato de justicia, de seguridad, “siguen defendiendo intereses oscuros, todavía siguen protegiendo a los perpetradores”. Y es este el desafío que tiene el nuevo gobierno, ver hasta dónde es posible desmantelar ese aparato de impunidad que existe dentro de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de otras instituciones encargadas de la seguridad.

El ‘Conversatorio: A cinco años del caso Ayotzinapa’ fue organizado por egresados de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y que actualmente son estudiantes de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quienes para realizar esta actividad contaron con el apoyo del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la IBERO.

El diálogo fue moderado por Luis Hernández Navarro, articulista de opinión del periódico La Jornada. Junto con los ya mencionados, en la mesa del presídium también estuvieron: María Herrera, de Enlaces Nacionales por los Desaparecidos y las Desaparecidas; y Aquilino Florencio Mejía, egresado de Ayotzinapa.

Texto y fotos: PEDRO RENDÓN/ICM