Independientemente del modelo militarizante al que han dado continuidad al menos las tres administraciones federales más recientes, incluida la actual, es muy importante la señal que envía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con su resolución sobre la Guardia Nacional (GN): se debe de civilizar la seguridad pública, no militarizarla.

Así lo explica en entrevista el Mtro. Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana CDMX, luego de que este 18 de abril la Corte declaró inconstitucional la transferencia del mando operativo y administrativo de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo que hizo la reforma legal de septiembre pasado, ya declarada inconstitucional, fue mantener formalmente la titularidad de la GN en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero darle el control a la Sedena, señala el especialista constitucional. “Aunque formalmente la titularidad era de la SSPC, materialmente la operación y administración de la GN la tenía la Sedena”.

Eso era una simulación absoluta, un despropósito constitucional, afirma el Mtro. Corcuera, por lo que celebró que la GN vuelva a su lugar de origen, “de donde nunca debió de haber salido”: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde le corresponde según el artículo 21 de la Constitución.

“Parece ser que es el primer paso hacia el retorno al orden constitucional en materia de participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, pues recordó que la participación directa de las Fuerzas Armadas en estas labores va a permanecer, debido a que todavía están vigentes las disposiciones del artículo 5º transitorio de la reforma constitucional que se aprobó en 2019.

Mediante esta disposición se reformó el artículo 21 constitucional para crear la Guardia Nacional, que era de carácter civil, pero en los transitorios de ese decreto se estableció que, en tanto esta corporación policial se conformaba, podían integrar a este cuerpo de seguridad personal militar, de la Marina y del Ejército. Este transitorio también estableció que durante cinco años las Fuerzas Armadas podían participar en labores de seguridad pública en auxilio de las corporaciones policiales, y el año pasado se extendió ese plazo con la reforma al artículo 5º transitorio, con lo que su vigencia a partir de 2019 pasó de cinco a nueve años.

Lo importante de la resolución de ayer, concluyó el maestro Corcuera, es que queda muy claro que el mando de la GN regresa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues debe ser civil y no militar.

Texto: Yazmín Mendoza

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