Pese a reformas legales, la creación de instituciones y el aumento sostenido del gasto público en la materia, México vive una crisis de inseguridad que se ha agravado con el tiempo, al aplicar enfoques repetidos y poco efectivos para solucionarla.

Ante esta situación, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México trazó unos lineamientos prioritarios para fortalecer la seguridad pública con enfoque democrático y respeto a los derechos humanos:

• Detener la violencia homicida
• Abordar el flujo de armas y la política de drogas
• Superar la crisis de derechos humanos
• Promover la asistencia internacional en investigaciones penales
• Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
• Impulsar la innovación local
• Establecer la colaboración militar con enfoque en derechos humanos

En el reporte "México: Seguridad Ciudadana y Democracia" se expone que, aunque hay mayor capacidad institucional y ciudadana para generar propuestas frente a la violencia homicida, persiste una brecha importante entre este conocimiento y su aplicación efectiva en las políticas públicas. El documento propone:

• Vincular al gobierno federal y a los gobiernos locales al Plan de Acción Hemisférico de la OEA para prevenir y reducir el homicidio intencional
• Construir alianzas con universidades, organizaciones civiles y privadas para diseñar e implementar procesos formativos dirigidos a fiscales y policías investigadoras
• Adoptar metodologías probadas para evaluar programas de prevención de homicidios y orientar la inversión pública con base en resultados
• Integrar estos esfuerzos a una estrategia de reingeniería institucional de las fiscalías, enfocada en investigar homicidios de manera efectiva

En México se reconoce la amenaza que representan las armas de fuego y el narcotráfico, pero persiste una fragmentación en la acción gubernamental frente a estos temas. Sin una cooperación real con EU, la capacidad para reducir el acceso de las redes criminales a armas y recursos seguirá siendo limitada. Sugiere:

• Priorizar el control de armas y la política de drogas dentro de estrategias integrales de reducción de violencia homicida
• Impulsar un compromiso presidencial para renovar y ampliar acuerdos bilaterales con EU enfocados en reducir el tráfico ilegal de armas a México
• Reforzar la acción estatal en México para desmantelar redes criminales, bloquear sus recursos financieros y redes de apoyo político y empresarial

México enfrenta una contradicción estructural entre la expansión del sistema penal, que afecta derechos de las poblaciones más vulnerables, y el uso de programas sociales como vía para reducir la violencia, tensión que debilita la consolidación del Estado de derecho y alimenta la impunidad. Pide:

• Avanzar a un modelo dual que combine la investigación penal con debido proceso y programas sociales que generen condiciones para no delinquir
• Fortalecer la independencia y capacidad de la CNDH y el Poder Judicial para ejercer contrapesos frente a posibles abusos

Frente a las redes de macro criminalidad consolidadas en varias regiones del país, la capacidad del sistema nacional para investigar y sancionar delitos complejos ha mostrado límites. Sin intervención extraordinaria y con legitimidad social, difícilmente se logrará revertirlas. Se requiere apoyar los esfuerzos para consolidar en México el apoyo de la ONU, a través de mecanismos especiales de derechos humanos.

Pese a la existencia del SNSP como espacio de coordinación entre niveles de gobierno, su funcionamiento ha sido limitado por problemas de diseño institucional, falta de incentivos y escasa participación de actores no gubernamentales. En ese sentido, manifiesta:

• Promover la inclusión de la figura de supervisión externa como parte indispensable en la aprobación de la reforma al SNSP
• Reconfigurar el SNSP para consolidarlo como instancia técnica con mayor autonomía, poder vinculante y capacidad de evaluación
• Rediseñar incentivos y mecanismos de asignación de recursos para que los estados mejoren sus capacidades institucionales en seguridad y justicia
• Fortalecer la rectoría civil sobre la política de seguridad pública, limitando el rol militar a tareas estrictamente excepcionales y sujetas a control democrático

A pesar de la centralización de varios aspectos de la política de seguridad, en el ámbito local han surgido experiencias y reformas valiosas de innovación; sin embargo, siguen siendo frágiles, poco conocidas y carecen del respaldo.

Es necesario, señala el reporte "México: Seguridad Ciudadana y Democracia", aumentar el respaldo del SNSP con perspectiva local, pues toda mejora en seguridad municipal tiene más posibilidades de sostenibilidad si está anclada a la participación de las comunidades. Plantea:

• Promover la identificación, evaluación, reconocimiento, aprendizaje y replicación de buenas prácticas en seguridad ciudadana, articulando al esfuerzo centros de educación superior, sociedad civil, sector empresarial y actores internacionales
• Impulsar una plataforma nacional de evidencia sobre intervenciones locales efectivas, aprovechando experiencias existentes como la Coalición para la Reducción de Homicidios liderada por el PSC

Texto: Luis Reyes/Foto: Policía CDMX

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