Evaluación docente, acto político que debe contribuir a la justicia social

Vie, 5 Nov 2021
El Dr. Javier Murillo, de la Universidad Autónoma de Madrid, abordó este tema en el ‘VIII Coloquio RIIED IBERO CDMX. La evaluación docente: desafíos actuales, aproximaciones, experiencias y modelos’
  • El ponente español dictó la conferencia magistral ‘Hacia una evaluación docente que contribuya a la justicia educativa y social’.
  • Dr. Javier Murillo Torrecilla, académico de la Universidad Autónoma de Madrid (España).

La evaluación docente es un acto político, por lo que se debe lograr que contribuya a la justicia educativa y social, porque si no estará siendo corresponsable de las desigualdades e injusticias, consideró el Dr. Javier Murillo Torrecilla, académico de la Universidad Autónoma de Madrid (España), quien participó en el ‘VIII Coloquio RIIED IBERO CDMX. La evaluación docente: desafíos actuales, aproximaciones, experiencias y modelos’, organizado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

En su conferencia magistral, Hacia una evaluación docente que contribuya a la justicia educativa y social, tomó como punto de partida las siguientes preguntas: ¿para qué sirve la educación?, ¿cuál es su finalidad última?; ¿acaso su finalidad es cambiar el mundo?, ¿o es lograr una sociedad más justa?, ¿o el desarrollo social?, ¿o hacer individuos aislados, solitarios?

Dicho lo anterior, se cuestionó si ¿la escuela puede cambiar la sociedad?, lo cual dijo, depende de lo que haga. Algunas escuelas contribuyen a la reproducción de las desigualdades y otras, por el contrario, son el motor del cambio social.

Si las y los docentes no se plantean explícitamente la consecución de una sociedad más justa, la lucha contra cualquier tipo de discriminación, de marginación, de exclusión educativa y en  la sociedad, “estarán contribuyendo a la reproducción de las injusticias sociales”.

Y, en contraparte, para que la escuela, ese conjunto de docentes, contribuya a la justicia social, debe ser democrática y justa, y debe enseñar democracia y justicia social, es decir, que ser y enseñar son dos cosas fundamentales.

Murillo también se planteó ¿qué se está haciendo en la evaluación de docentes?, ¿a quién beneficia y a quién perjudica esta evaluación?, ¿cuáles son los profesores y las profesoras beneficiados? y si ¿esta evaluación es justa?

Igualmente se preguntó: ¿con la puesta en marcha de mecanismos de evaluación se está ayudando a mejorar la educación?; ¿la educación de quién, de todos, también de los más pobres?, ¿se está ayudando a mejorar a los docentes?, ¿la evaluación se está planteando explícitamente para luchar contra las desigualdades y conseguir una sociedad más justa y hacer que los docentes trabajen por la justicia social?

De la justicia social, la justicia educativa, mencionó que no son una meta, ni una utopía inalcanzable, sino el camino que se debe tomar con decisiones cotidianas donde se combina el interés por lo comunitario y la persona concreta que se desarrolla, que pertenece a una comunidad o a varias, y sin que haya una primacía de lo comunitario o de lo individual, “de tal forma que hablamos de empoderamiento individual, como de la lucha contra injusticias estructurales”.

La justicia, prosiguió, exige tomar partido; Aristóteles decía que es dar a cada uno en función de sus necesidades; y John Rawls (filósofo estadounidense) comentaba que habrá justicia en la forma en que los bienes primarios se encuentran distribuidos en la sociedad, esto, esencialmente bajo dos principios, el principio de igualdad, el dar a cada persona una parte igual en libertades y derechos; y el principio de diferencia, donde las desigualdades sólo se pueden justificar si benefician a los más desventajados.

Eso último choca con el planteamiento heredado de los siglos XVIII y XIX de los utilitaristas, quienes decían que lo bueno, lo justo, es aquello que es mejor para la mayoría. “Por tanto, estamos haciendo un sistema de evaluación que es el mejor para la mayoría, y nos olvidamos de los más desaventajados”, lo que es injusto.

Es así que un elemento fundamental es la justicia distributiva, “cómo apoyamos diferencialmente a los estudiantes, cómo damos, en función de sus necesidades, tiempo, atención, espacios”; en tanto que a las escuelas habrá que darles en función de sus necesidades.

Cuando se habla de si una escuela es justa, hay que plantearse si todos los implicados tienen pleno derecho a la participación como pares, o la educación es cosa de profesores y las familias no tienen nada que decir, ni tampoco tienen qué decir los estudiantes, a pesar de que las decisiones que se tomen les afectan profundamente.

Evaluación docente y justicia social

Al hablar de la evaluación docente y la justicia social, el doctor Murillo Torrecilla comentó que hay dos concepciones de evaluación justa radicalmente distintas: una evaluación justa igualitaria y una evaluación justa equitativa.

En la evaluación justa igualitaria hay criterios iguales, para todos explícitos, conocidos con antelación, donde priman la objetividad y la fiabilidad, es transparente y se valora lo que se sabe. La evaluación justa equitativa no tiene criterios iguales, es diferente para cada uno, se adapta en función de cada cual, es subjetiva e individualizada, y valora no sólo los contenidos, sino también las actitudes.

Explicado eso, el académico indicó, “está claro que nuestro modelo ha optado por una visión de evaluación justa igualitaria, igual para todos”. Sin embargo, una evaluación justa debería ser más equitativa que igualitaria, porque esta última en el fondo es profundamente injusta.

Una evaluación justa debe ser democrática, los docentes deben decidir acerca de los asuntos que les afectan; tiene que ir dirigida a mejorar la práctica docente, no a clasificar, calificar, expulsar, ni siquiera a recompensar; deber ser trasparente, creíble, práctica, útil, motivadora, positiva, optimista; tiene que reforzar lo que se hace bien y estar contextualizada en función de dónde se sitúa la escuela y cuáles son los estudiantes y familias que se tienen.

Escuelas que luchan contra las desigualdades

Javier Murillo comentó que mirando qué hacen las escuelas que luchan contra las desigualdades se pueden conocer los elementos que quizá se deban incluir en las evaluaciones docentes, para que contribuyan a la justicia social.

Las escuelas que trabajan por la justicia social entienden a los docentes como intelectuales críticos y que generan cultura; tienen objetivos conocidos, compartidos y consensuados por la comunidad, centrados en conseguir el máximo desarrollo. Los docentes conocen y comparten valores, actitudes y normas de lucha contra cualquier tipo de exclusión, marginación y discriminación.

Existe una cultura de apoyo diferenciado, de dar más a aquellos que más lo necesitan, y el trabajo en equipo es esencial, porque “si queremos una sociedad solidaria, comprometida, que trabajemos juntos para luchar contra las desigualdades, tenemos que empezar desde la escuela”. También hay un sentido de pertenencia y un compromiso con los estudiantes y la sociedad.

Cómo transformar lo mencionado en una evaluación de docentes, el doctor Murillo dijo que no lo sabe, pero un indicador clave es la idea de convertir una escuela en una comunidad de aprendizaje, de apoyo, donde la innovación sea un elemento esencial. Asimismo, se debe fomentar la autoestima de las y los estudiantes, que se sientan orgullosos de su origen social, de su cultura, de su religión.

Hay que hacer que las aulas de verdad sean sitios de atención a la diversidad, donde se adapten a las características, estilos, capacidades y necesidades de los alumnos/as, elaborando un currículo centrado en personas concretas como miembros de la comunidad, con un género, con  una cultura, con una etnia propias.

Las escuelas que trabajan por la justicia social lo hacen con las familias, entienden que su cultura es tan válida como la académica. “La escuela no está sola, tiene que trabajar con el entorno, en comunidades comprometidas, cohesionadas, que luchan por la justicia social”.

El último elemento es la democracia, una democracia real en todas las decisiones; qué se enseña, cómo se enseña, cuándo se enseña, dónde se enseña, qué se evalúa, cuándo se evalúa, cómo se evalúa. Conlleva que haya un liderazgo distribuido, donde todas las personas en la escuela se implican en su funcionamiento, de tal forma que todos tienen su parte de responsabilidad y su parte de decisión.

“¿Hasta qué punto los y las docentes están implicados en la organización general de la escuela, con responsabilidad, con decisiones?; eso también habría que evaluarlo… Si no tenemos escuelas democráticas, no tendremos sociedades democráticas”.

Para el académico español, las y los docentes son corresponsables de las injusticias educativas y sociales, por acción o por omisión, “y mientras no discutamos un modelo de evaluación que sea realmente justo o que fomente la justicia en las escuelas, estaremos contribuyendo desde nuestra posición a esa sociedad injusta”.

Por eso, reiteró que la evaluación es un acto político, y así tiene que considerarse. “El que me hable de que, vamos a dejar la política porque hay que tomar las decisiones técnicas, ya sabemos qué opción política está tomando”.

“Necesitamos otra evaluación, otra educación, otra sociedad, porque no podemos permitirnos que las desigualdades educativas y las desigualdades sociales sigan aumentando como lo están haciendo. O tenemos una evaluación diferente, una escuela más equitativa, una educación diferente, o seguiremos teniendo sociedades tan profundamente injustas y antidemocráticas como las tenemos”.

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PEDRO RENDÓN/ICM

 

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