Vivimos una grave crisis de los derechos humanos y de violencia en México, aunque el gobierno no lo quiera reconocer, desatada sí por el narco, pero también por la respuesta del Estado, y por la complicidad o puntos de encuentro que tiene la economía criminal con los poderes públicos y las empresas privadas.

Así lo dijo el Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Tijuana, Mtro. David Fernández Dávalos, durante la presentación del informe Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México, presentado en esta casa de estudios.

“Encontrar fosas clandestinas, usar fosas clandestinas, buscar fosas clandestinas como acontece en el país es un hecho sumamente grave. Se trata de personas que han sido violentadas en sus derechos fundamentales, sepultadas ilegalmente, probablemente asesinadas como culminación de una serie de actividades ilegales y violatorias de sus derechos humanos, que son prácticas propias de países en conflicto, países con políticas de seguridad totalmente fallidas”.

Criticó que está situación se da en naciones con dictaduras que dan lugar a fenómenos como el de las fosas clandestinas. “Hablar de fosas es hablar de violaciones graves a los derechos humanos, es hablar de crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, torturas, inhumaciones ilegales”.

Explicó que este trabajo está dividido en dos partes: el texto del informe (elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la IBERO, PDH, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH) y el modelo estadístico (llevado a cabo por Data Cívica, PDH IBERO y Human Rights Data Analysis Group, HRDAG).

El maestro Fernández Dávalos apuntó que la impunidad, la corrupción, el encubrimiento, el ocultamiento de información y la corrupción nos ha impedido conocer lo que está ocurriendo en el país, respecto de las fosas y lo que hay alrededor de ellas: “No sabemos quiénes son las personas que están ahí, no sabemos por qué están ahí, no sabemos quiénes las pusieron en esas fosas”.

Dentro de las conclusiones y recomendaciones del informe se establece la necesidad de impulsar el programa nacional de exhumaciones, a recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); así como investigar y sancionar a quienes ordenan y ejecutan inhumaciones ilegales y desapariciones.

Por su parte, algunas de las responsabilidades que tendría que cubrir el Estado son contar con un mapeo de fosas, investigación para la búsqueda y devolución de las personas, y castigo penal para quienes realizan estos hechos.

Reconoció la labor de los organismos que trabajaron con la IBERO en este informe -Data Cívica, Human Rights Data Analysis Group (HRDAG), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)-, pues recordó que han realizado trabajos clave en Guatemala, El Salvador, Kosovo, Siria, Treblinka, entre otros.

El Rector comentó que las dos partes de este trabajo (tanto el informe como el modelo estadístico) muestran que “una universidad como la nuestra cuenta con más información​ sistematizada sobre fosas que las mismas autoridades”.

Durante la presentación, el maestro David Fernández dijo que los cuerpos “son lenguaje y nos hablan”, están ahí para ser descubiertos en el momento que sea oportuno.

“Las fosas no son para guardar un secreto, son para proclamar: en este país se puede asesinar a personas sin que pase nada, la impunidad se ha enseñoreado sobre nuestro territorio. Los cuerpos son desechos de esta industria que se ha establecido, de la industria criminal de la que son culpables también instituciones públicas.”

Respecto del modelo probabilístico para hallar fosas clandestinas, explicó que es una herramienta que ayuda a focalizar e identificar cementerios ilegales que han pasado inadvertidos para la prensa y las mismas autoridades.

Tenemos más información que el Estado

Por su parte, la Mtra. Denise González Núñez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la IBERO, informó que desde hace dos años se trabaja en el informe y el modelo predictivo, en el que han colaborado instancias nacionales e internacionales para explicar la crisis de derechos humanos en la que estamos inmersos, y cuyo signo más evidente son las fosas clandestinas.

Enfaticó que, aunque los resultados son de carácter cuantitativo, versan sobre personas, con nombres, con historias, personas a quienes les han sido negados su humanidad y todos sus derechos, y versa también sobre familias que han perdido familiares, que buscan con sus propias manos, frente a la incapacidad del Estado para hacer su labor.

Puso sobre la mesa cinco conclusiones a partir del informe que se basó en la revisión, contraste y análisis de información oficial y más de 3 mil notas de prensa:

1.- Se tiene más información sobre fosas clandestinas que el mismo gobierno.

2.- La situación es peor que la realidad reportada por la CNDH, la PGR y las procuradurías estatales. Las fosas son hechos recurrentes y extendidos en casi todas las entidades federativas. Se registraron más de mil fosas clandestinas y 2014 cuerpos exhumados a lo largo del país, superior a lo reportado por instancias gubernamentales.

3.- El panorama es desolador; muestra la crueldad, barbarie y deshumanización a las que hemos llegado. Las fosas son hechos intencionales que buscan generar terror y control social, y son instrumentos que demuestran la impunidad con la que se puede actuar.

4.- El Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades. No todas las fiscalías respondieron a las solicitudes de información y no están realizando las investigaciones para desentrañar las ‘verdades que salen de esas fosas’.

5.- Hay fosas que aún no han sido descubiertas. Las que se han sistematizado, analizado y reportado en el informe son las fosas clandestinas que han sido registradas.

Enfatizó que con este instrumento se ha hecho lo que el Estado no ha querido, poner el conocimiento científico al servicio de la sociedad para explicar la crisis de derechos humanos que vivimos.

Por su parte, el Lic. Jorge Ruiz Reyes, encargado de la metodología del informe, externó que el número de fosas puede ser mayor a las publicadas en el reporte (más de mil), pues en el análisis se utilizaron los ‘números bajos’ reportados por la prensa y las autoridades, además de que, reiteró, son los cementerios ilegales de los que se tiene información.

Concluyó que no hay datos sobre los procesos de búsqueda; no hay información sobre la identificación de cuerpos; se carece de patrones de investigaciones; las fosas tratan de ocultar la verdad tanto de víctimas como de victimarios.

Fosas, un fenómeno recurrente y alarmante

Por su parte, el Dr. José Antonio Guevara, director de la CMDPDH, dijo que el hallazgo de fosas clandestinas en México pasó de un hecho escandaloso a un “fenómeno recurrente y de crecimiento alarmante”.

Señaló que las fosas representan no sólo el delito de inhumación ilegal de personas, ya que puede responder a una cadena de otros ilícitos: la desaparición forzada, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y tortura, que pueden ser indicativos de crímenes de lesa humanidad y/o de guerra.

Afirmó que la opacidad sigue siendo constante en la solicitud de información: de 32 peticiones a procuradurías estatales, sólo 12 contestaron; en el caso de instancias de gobierno, la PGR y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina (Semar) fueron las únicas en aportar datos.

Guevara Bermúdez enfatizó que además de las fosas no se pueden obviar otros escenarios como las más de 30 mil personas desaparecidas y el aumento de asesinatos en México. Señaló que este trabajo es sólo el comienzo, porque quedan interrogantes como fosas secundarias o terciarias, levantamiento de cuerpos, cadena de custodia, etcétera.

Para llegar a la justicia y verdad, apuntó que en México se necesita un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas; una fiscalía independiente con un subsistema de crímenes de lesa humanidad; una institución forense autónoma y un mecanismo internacional de combate a la impunidad.

La Lic. Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, explicó que el modelo estadístico para identificar fosas clandestinas se generó a partir de la información que entregó el informe generado por el PDH de la IBERO, es decir, “el modelo utiliza lo que sabemos para inferir lo que no sabemos”.

“Éste es un modelo que arroja pistas, es un modelo probabilístico y no determinístico, no significa que en aquellos municipios que en los que indicamos que hay alta probabilidad de fosas clandestinas, las haya, pero nos permite entender los tipos de violencia que hay entorno a estos municipios y la omisión absoluta del Estado en la búsqueda de estas fosas”.

Destacó que este ejercicio surge como una respuesta ante la incertidumbre a la que se enfrentan quienes buscan a sus familiares, sustituyendo la labor que el Estado debería hacer, el papel de buscar y generar justicia para las víctimas.

Importante, que la IBERO se sume a entender este fenómeno

En su participación, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció la labor de la IBERO para ayudar a entender estos fenómenos y contribuir “al derecho a la verdad que tienen los familiares de los 30 mil desaparecidos en el país, y el derecho a saber de toda la sociedad mexicana”.

Detalló que el informe Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México y el que recientemente difundió la CNDH, evidencian que el fenómeno de las fosas clandestinas está extendido por todo el país y no es un hecho aislado.

“A pesar de la localización de fosas y la recuperación de cuerpos, los resultados en materia de identificación de cuerpos son escasos; tenemos que insistir en que las personas cuyos cuerpos han sido inhumados tienen el derecho a la identidad, tratados dignamente y restituidos a sus familiares. La identificación de los cuerpos hallados no es un formalismo, se trata de una verdadera garantía de sus derechos”.

Manifestó que uno de los retos que el país debe abordar urgentemente es la construcción de una institución forense, profesional y con garantías de manejar altos estándares.

Jan Jarab dijo que el modelo probabilístico es innovador y un gran esfuerzo del sector académico. Lamentó que las autoridades no hayan hecho algo similar hasta el momento, “espero que este modelo le ayude al Estado a cumplir esta obligación”.

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Iván Cabrera