“Las barreras son las que pone la sociedad […] Las personas con discapacidad somos capaces de decidir por nosotros mismos, pero también con los apoyos necesarios que requerimos”, señaló el joven autogestor Pablo Emilio González Barrera durante el encuentro Hacia una justicia inclusiva: capacidad jurídica y el sistema de apoyos, realizado en nuestra IBERO el 2 de abril pasado.

Durante el mismo, Diana Sheinbaum, Coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de la ONG Documenta, habló sobre la “enorme brecha” que aún existe entre la ley –que reconoce la capacidad jurídica de todas las personas mayores de 18 años y su derecho a contar con apoyos –, y la realidad, en la que se sigue condicionando a las personas con discapacidad intelectual a la decisión de sus familiares.

Para cerrar esta brecha, Documenta trabaja por garantizar que los derechos que todos tenemos se cumplan para las personas con discapacidad, a través de informar y que conozcan sus derechos, para que puedan “transformar su vida”. En este sentido, Diana presentó Tu derecho a decidir para entender el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un decálogo elaborado por la organización, de lectura fácil, que puedes consultar completo aquí. También te presentamos el resumen de los 10 puntos:

1. Todas las personas mayores de 18 años tienen capacidad jurídica plena
2. Todas las personas tienen derecho a contar con apoyos para tomar decisiones
3. Ninguna persona puede ser obligada a contar con apoyos
4. Los apoyos pueden tener varias funciones, por ejemplo, ayudarte a comprender palabras difíciles
5. Si tú quieres tener apoyos para tomar decisiones, no es necesario que vayas con un juez o jueza para solicitarlos.
6. Los jueces o juezas SÓLO designan apoyos en CASOS EXTRAORDINARIOS.
7. Para designar esos apoyos el juez o jueza tendrán que revisar si la persona había elegido antes a una persona de apoyo.
8. En los CASOS EXTRAORDINARIOS, el juez o jueza tiene que decidir cuáles serán las responsabilidades de la persona de apoyo y por cuánto tiempo tendrá ese encargo.
9. El juez o jueza debe verificar de manera directa cada determinado tiempo que sigue sin poderse conocer la voluntad y preferencias de la persona por ningún medio.
10. Si en cualquier momento se llega a conocer la voluntad y preferencias de la persona, el apoyo está obligado a dar aviso de inmediato al juez o jueza para que se hagan los cambios necesarios.

Para el Dr. Ricardo Alberto Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho de la IBERO, iniciativas como ésta ayudan a visibilizar “las necesidades de adecuar o adaptar la justicia para hacerla accesible a las personas con discapacidad”. Consideró “que las universidades tenemos un papel muy importante para lograr que estos procesos lleguen a la realidad cotidiana de las personas”.

Posterior a la presentación del decálogo, también se realizó un conversatorio con Ricardo, María José y Emilio, tres personas con discapacidad intelectual que pertenecen al Centro de Autonomía Personal y Social (CAPYS), quienes compartieron sus experiencias y los desafíos a los que se han enfrentado en el ejercicio pleno de su capacidad jurídica y el acceso a sistemas de apoyo adecuados.

El encuentro realizado en nuestra IBERO fue organizado por el Departamento de Derecho, el Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (Cecrige), la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad y la Dirección General de Vinculación Universitaria.

Desde 2014, en la IBERO contamos en el Programa Somos uno Más, que vela por la inclusión educativa y social para jóvenes con discapacidad intelectual y les apoya para desarrollar competencias para una vida autónoma dentro de un ambiente universitario.  Aquí puedes conocer más sobre este programa.

Texto y fotos: Mariana Domínguez Batis

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