En un país sin registro oficial de personas desplazadas, el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana presentará este miércoles 3 de diciembre en la Cámara de Diputados su informe “Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2024” (consúltalo completo aquí), un diagnóstico que muestra el crecimiento acelerado de una emergencia humanitaria desatendida.

El documento elaborado por el Programa de Derechos Humanos (PDH IBERO) estima que en 2024, alrededor de 28,900 personas fueron forzadas a huir de sus hogares —un incremento del 129% respecto a 2023— debido principalmente a violencia criminal, enfrentamientos armados y ataques directos a comunidades. Tan solo Chiapas concentró 61.8% de los desplazamientos masivos, seguido por Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.

Un país que expulsa y no contabiliza

Pese a la magnitud del fenómeno, México carece de un registro nacional, lo que limita el diseño de políticas públicas y la atención a víctimas. De cara al Foro convocado en San Lázaro, la ausencia de datos oficiales impide dimensionar el problema, obliga a depender de estimaciones internacionales —como las del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), que reporta 390 mil personas desplazadas— y deja a miles sin acceso a mecanismos de protección o restitución.

Las relatorías señalan que el desplazamiento se agrava por amenazas, ataques, disputas territoriales, proyectos extractivos, violencia política y conflictos comunitarios. La IBERO advierte que los actores armados han incrementado el uso de explosivos y drones contra población civil, elevando los riesgos y la frecuencia de expulsiones.

Un llamado al Congreso para legislar

El evento del 3 de diciembre reunirá a diputadas y diputados de varias bancadas, organizaciones civiles, víctimas de múltiples estados y representantes de Naciones Unidas. La agenda incluye la participación de Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial de la ONU, así como un acto simbólico encabezado por personas desplazadas que entregarán demandas directamente al Poder Legislativo.

En conjunto, la IBERO, colectivos y grupos especializados en desplazamiento interno —que desde hace años han impulsado una ley general, cuya última propuesta fue desechada el verano pasado— buscarán reactivar la agenda legislativa y presentar una nueva iniciativa que reconozca plenamente a las personas desplazadas internas como sujetas de derechos, y que establezca rutas claras de atención, reparación y soluciones duraderas.

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