Opinión | Desalojar Para Extraer: la Disputa de las Narrativas

Mar, 14 Oct 2025
Prami y OCSA IBERO analizan cuántos de los desplazamientos forzados en México se deben a conflictos y violencias causadas por industrias y proyectos extractivos
  • Imagen generada con herramientas de Inteligencia Artificial.
Gracias a Eugenia Legorreta y Paola García por su apoyo para la elaboración de este artículo.
 

Será un desierto, pero para mí es el paraíso.

-Don Roberto de la Rosa, defensor del territorio de Salaverna1

 

Por: Ángeles Hernández Alvarado, Asistente del Prami (prami.ibero.mx) y colaboradora del OCSA (ocsa.ibero.mx)

 

Según el International Displacement Monitoring Centre (IDMC), México es considerado el cuarto país con mayor número de personas en situación de desplazamiento interno forzado (en adelante, DIF) en la región de las Américas, con al menos 390,000 al cierre de 2024 (IDMC, 2025). Asimismo, el IDMC indica que ese total corresponde a desplazamientos forzados motivados por conflictos y violencia. 

Por su parte, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México registró que, durante 2024, al menos 28,000 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares en nuestro país. En su informe, el PDH también documenta las causas de estos movimientos, entre las que sobresalen los ataques o enfrentamientos, temor fundado, afectación a propiedad privada, desalojo forzado, entre otras (Morales & Vadillo, 2024).

 

Te puede interesar: Crimen Organizado Dispara Desplazamiento Interno en México: Casi 29 mil Personas en 2024.- PDH IBERO

 

Desde el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la IBERO CDMX solemos preguntarnos: ¿cuántos de estos desplazamientos son consecuencia de conflictos o violencias causadas por las industrias y proyectos extractivos?, ¿cuántos hechos registrados como afectación a propiedad privada o desalojo forzado son, en realidad, parte de las violencias que el capital transnacional ejecuta para garantizar el avance de sus proyectos?; si la violencia ejercida por la criminalidad organizada constituye el principal expulsor en México, pero además se documenta cada vez más la participación de este heterogéneo actor en proyectos extractivos2, ¿cómo distinguir entre las violencias del crimen, del Estado y del capital? Las fronteras se diluyen y, con ello, la posibilidad de identificar, documentar y atender con precisión las causas de estos desplazamientos. 
 
Desde el OCSA, con estudiantes de la IBERO CDMX, hemos analizado casos de desplazamiento forzado en el contexto de proyectos extractivos. Hemos hablado sobre proyectos como la presa Miguel Alemán, en territorio chinanteco en Oaxaca; sobre los efectos diferenciados en razón de género, mediante el caso de comunidades rarámuri en la Sierra tarahumara; también sobre las nuevas formas de desplazamiento, como las asociadas a procesos de hiperurbanización en la Ciudad de México. Estos análisis nos brindan elementos sobre las formas en que esta violencia se diversifica y se recrudece en casos específicos. Sin embargo, el DIF no aparece de forma sistemática en la documentación del OCSA4: actualmente hay 33 proyectos en los que se ha reportado esta violencia. Eso, tenemos la certeza, no es un número cercano a la realidad. Sin embargo, las fuentes de información de que se vale el OCSA -notas periodísticas- rara vez nombran al extractivismo como causa del desplazamiento, incluso en casos en los que está plenamente identificada la causalidad. Pero que no aparezca no quiere decir que no exista: al contrario, es una evidencia de los límites de los mecanismos institucionales y mediáticos para mirar y complejizar el panorama completo. 
 
La ausencia del extractivismo como causa del DIF en estos esfuerzos de documentación, al menos de forma nominativa, obedece a diversos factores. Entre ellos, razones metodológicas y prácticas, como señalan los informes citados, pues registrar, reportear y documentar el DIF es en sí mismo complejo: varía la cantidad de personas afectadas, el tipo de movimiento y el ritmo, entre otros factores. Pero es aún más difícil que la causa específica pueda ser identificada, denunciada y documentada, especialmente en contextos como el mexicano, donde las violencias se cruzan y los perpetradores se intersectan.
 
Retomando a Gudynas (2013) y a Svampa (2019), desde el OCSA señalamos que esta invisibilización del factor extractivismo es consecuencia también de las formas en que este opera como modelo económico, en tanto requiere legitimarse y naturalizar la ocupación de los territorios, por ello, es necesario ocultar las violencias que la hacen posible. Así, consideramos que esta imposibilidad de documentar el DIF provocado por el extractivismo constituye una expresión más del despojo: borrar las huellas de la violencia para sostener la ficción de que esta forma de desarrollo es compatible con la vida. 
 
El desplazamiento de personas, familias y comunidades no es una afectación, un efecto secundario ni un daño colateral del extractivismo, sino un mecanismo violento que habilita múltiples posibilidades para la expansión del capital. Para garantizar la posibilidad de extraer, primero hay que desalojar y desocupar los territorios. Un aspecto fundamental es que, a partir de los entendimientos que hay sobre el territorio en diversas cosmogonías, el desplazamiento forzado no debería referirse solo a los eventos que involucran espacios de habitación (casas, departamentos, edificios), sino también entornos productivos y que procuran medios de vida (solares, terrenos, sembradíos), así como espacios de desarrollo social, cultural y, sin duda, espiritual. Por ello, cuando hablamos de desocupar los territorios, hablamos del proceso de extraer personas, memorias, vínculos sociales, comunitarios, emocionales, con el objetivo de convertir esos espacios en mercancías. 
 
Eduardo Gudynas (2013) propuso el término extrahección para resaltar las violencias que son condiciones indispensables para que la apropiación de los recursos naturales por parte de los proyectos extractivos pueda llevarse a cabo. En el OCSA tenemos documentados hechos de violencia que se perpetran sistemáticamente en el contexto de proyectos extractivos, o en los que la participación de las industrias o agentes promotores se encuentra probada: agresiones, despojo, ataques armados, persecución judicial, tortura, daños a la integridad física y psicológica, desaparición, militarización, represión de la protesta social, secuestros, violencia sexual, asesinatos. 
 
Ello, de la mano de las denuncias de organizaciones de derechos humanos, colectivos de personas ciudadanas o comunidades afectadas/organizadas, nos permite saber que, en muchas ocasiones, el desplazamiento causado por el extractivismo se oculta tras etiquetas como “inseguridad”, “crimen organizado”, “falta de oportunidades”, “conflictos”, entre otras. Pasa algo similar con la etiqueta “cambio climático” o “cuestiones ambientales”, pues las personas se van porque se acabó el agua o porque las fuentes de agua están contaminadas4, porque las tierras ya no son fértiles o incluso porque ya no llueve5, lo cual puede estar directamente relacionado con la acción extractiva. 
 
Visto así, y considerando que los informes citados reportan que el DIF es consecuencia de violencia(s), conflictos, enfrentamientos, etc., entonces necesitamos observar a detalle dónde y cómo operan estas violencias actualmente, y si están habilitando entornos permisivos para la apropiación y/o extracción de los bienes comunes. Por ello, es urgente hacernos preguntas y, más importante aún, construir metodologías -desde los territorios, la academia, la sociedad civil y las autoridades- para responderlas: ¿cómo se están adaptando los discursos de las élites políticas y económicas a las nuevas formas de extractivismo?, ¿qué lenguajes están siendo adaptados para encubrir la expansión del extractivismo: de paz, de derechos humanos, de transición energética?, ¿qué actores legitiman esas narrativas? y ¿cómo se están reconfigurando las estrategias de despojo?.
 
Es complejo. Los escenarios hegemónicos de futuro nos asustan, porque los poderes imperialistas del mundo siguen posando sus miradas en los territorios y pueblos que resisten. No es casualidad ni coincidencia que, mientras los pueblos -indígenas y no indígenas- siguen luchando al interior de las fronteras por la libre determinación de sus territorios, líderes del mundo hablen sobre planes de paz en territorios ocupados, despojados o bajo procesos extractivos, en los que plantean dinámicas de “atracción de inversiones”, “economías prósperas” o “desarrollo sostenible”. La colonización de los territorios y de las narrativas nos está costando vidas; el extractivismo no solo se apropia de la tierra, sino también de la imaginación. Por eso, imaginarnos escenarios otros, construir rutas hacia ellos y luchar por caminarlas, son acciones tremendamente disruptivas. Disputemos nuestros futuros ya.
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

1- Don Roberto de la Rosa Dávila es un defensor del territorio de Salaverna, Mazapil, Zacatecas, en oposición a la minera de la empresa Frisco, de Carlos Slim. Cobró relevancia pública tras convertirse en el último habitante de su comunidad, tras el desplazamiento forzoso de casi la totalidad de la población. Don Roberto enfrentó actos de criminalización y persecución judicial. En 2025, continúa denunciando a la minera: https://pagina24zacatecas.com.mx/2025/03/02/local/la-minera-frisco-sigue-explotando-el-subsuelo-de-salaverna-roberto/ 

2.-  Al respecto, se puede ver: https://avispa.org/criminales-impiden-clausura-de-extraccion-irregular-de-materiales-destinados-al-corredor-interoceanico/, https://pbi-mexico.org/es/noticias/proyectos-extractivistas-afectaciones-ambientales-y-consecuencias-para-personas-defensoras 

3.-  Disponible para consulta en www.ocsa.ibero.mx

4.- Para información al respecto, véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/16/politica/soya-transgenica-y-granjas-porcicolas-infectan-fuentes-de-agua-en-yucatan/ y https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2019/7/4/ong-alertan-despojo-de-tierras-desplazamiento-forzado-por-megaproyectos-en-yucatan-q-roo-227431.html

5.- Para información al respecto, véase: https://www.milenio.com/negocios/volkswagen-provoco-sequias-en-puebla y https://www.nytimes.com/es/2018/11/09/espanol/volkswagen-canones-sonicos-mexico.html

 
 

Referencias:

 

Notas de interés: 

 

 

Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten
y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.

Para mayor información sobre este comunicado llamar a los teléfonos: (55) 59 50 40 00, Ext. 7594, 7759
Comunicación Institucional de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Prol. Paseo de la Reforma 880, edificio F, 1er piso, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219

COMPARTIR:

DESTACADOS

Ver todo...