En México, millones de personas aún viven sin acceso continuo, seguro o asequible a la electricidad. En comunidades rurales, muchas familias siguen dependiendo de velas o generadores; en zonas urbanas marginadas, el alto costo del servicio representa una carga desproporcionada. Esta situación no es solo un asunto técnico o presupuestal; es también una expresión de desigualdad.

El pasado 18 de marzo, el Gobierno de México dio un paso importante al reconocer explícitamente el principio de justicia energética como eje central del modelo energético nacional. Este concepto, debatido durante años en espacios académicos, sociales y comunitarios, ingresa por primera vez al lenguaje jurídico del país. El reconocimiento legal de que la energía no debe tratarse únicamente como mercancía, sino como un bien público, representa un punto de inflexión en la forma en que se concibe la política energética.

Las leyes promulgadas son seis: la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Energía Geotérmica, la Ley de Planeación y Transición Energética, y la Ley de Biocombustibles. Todas ellas se articulan en torno a un enfoque común: asegurar que el acceso a la energía sea equitativo, sustentable y compatible con los derechos de las comunidades.

La Ley del Sector Eléctrico establece que la justicia energética implica reducir la pobreza energética, atender desigualdades sociales y de género, e impulsar el desarrollo regional mediante un acceso confiable, asequible y limpio. Esta ley se apoyará del Fondo de Servicio Universal Energético, para seguir financiando proyectos de electrificación en zonas marginadas y rurales.

Por su parte, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) redefine el papel de esta empresa como institución pública cuyo objetivo principal es garantizar el acceso justo a la energía. Esto implica pasar de una lógica centrada en la competencia y la rentabilidad, a una misión que prioriza la continuidad del servicio, la responsabilidad social y la calidad del suministro, reconociendo que esta es tan importante como su cobertura territorial.

La Ley de Planeación y Transición Energética incorpora el principio de transición justa, planteando que el sistema energético debe evolucionar con base en criterios de sustentabilidad, justicia territorial y equidad social. Esto convierte la transición energética no solo en un reto técnico o económico, sino también en un compromiso ético con los territorios y las personas que históricamente han sido excluidas.

En conjunto, estas leyes consolidan un cambio de paradigma: la justicia energética deja de ser una aspiración política para convertirse en una obligación legal del Estado mexicano. A partir de ahora, todas las políticas, programas y proyectos energéticos deberán ser evaluados no solo por su viabilidad técnica o económica, sino también por su capacidad de reducir desigualdades y respetar derechos.

Este giro implica una transformación del modelo anterior, que priorizaba la inversión privada y la eficiencia del mercado. Aunque ese enfoque permitió avances en infraestructura, también generó conflictos y exclusiones, especialmente en territorios indígenas y comunidades rurales. Reconocer el acceso a la energía es, por tanto, también una forma de reparar esas desigualdades históricas.

Sin embargo, el reto apenas comienza. La implementación del nuevo marco legal requerirá voluntad política, coordinación interinstitucional, participación ciudadana y recursos suficientes. Además, este modelo deberá articularse con los compromisos internacionales que México ha asumido en materia de cambio climático, transición energética y derechos humanos.

En este proceso, la participación activa de las comunidades será clave. Si el nuevo marco legal logra traducirse en políticas públicas eficaces, inclusivas y transparentes, México podrá posicionarse como un referente internacional en materia de justicia energética. Si, por el contrario, los principios legales no se traducen en acciones concretas, se perderá una oportunidad histórica seguir transformando nuestro sistema energético.

La energía es una condición básica para el bienestar, la salud, la educación y la participación en la vida pública. Reconocerla y reorganizar las instituciones para garantizar su acceso, no solo es un acto de justicia, sino también un paso necesario hacia un modelo más solidario, sustentable y democrático.

Este paquete de leyes no representa el final del camino, sino el inicio de una transición que debe ser, al mismo tiempo, ambientalmente limpia, social y profundamente humana.

Referencias

Presidencia de la República. (2025, 18 de marzo). Decreto por el que se expiden la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos; la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector Hidrocarburos; la Ley de Planeación y Transición Energética; la Ley de Biocombustibles; la Ley de Geotermia y, la Ley de la Comisión Nacional de Energía; se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752329&fecha=18/03/2025#gsc.tab=0

Por: Mtro. Nahum Elías Orocio Alcántara, Coordinador de Vinculación e Incidencia para la Sustentabilidad, del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus IBERO).

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