El mismo día en que una primera iniciativa de reforma político-electoral fue rechazada en la Cámara de Diputados, poco después fue aprobado el llamado Plan B, el cual todavía debe pasar por el Senado. ¿Por qué la primera no y la segunda sí? El Dr. Enrique Gutiérrez, profesor y académico de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de nuestra IBERO Ciudad de México, nos lo explica en entrevista.

El Plan B, concebido con base en un análisis jurídico, plantea cambios de tipo administrativo orientados a consolidar la coordinación para que no se dupliquen funciones entre el INE, que tiene presupuesto federal, y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que tienen presupuestos estatales. Es decir, detalla nuestro académico, una revisión para “adelgazar” la estructura del INE, “que se pongan de acuerdo para ver qué van a hacer uno y otro”.

Poco tiene que ver con la iniciativa inicial, que más que buscar ser aprobada, consistió en una estrategia de comunicación y posicionamiento mediático frente a las elecciones locales de 2023, y las federales de 2024, considera el Doctor el Ciencias Sociales.

Era muy difícil que esta primera propuesta, que era de talla constitucional, pasara en el Congreso de la Unión si el partido que la promovía no tenía mayoría calificada (dos terceras partes, en este caso), y después habría tenido que ser aprobada por los senadores y al menos 17 Congresos estatales.

En cambio, solo se requería mayoría simple (50% más uno) para el Plan B, que es una reforma de leyes secundarias que no toca el texto constitucional, y en término jurídicos modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), la Ley de Partidos y la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación, explicó nuestro académico.

Del rango constitucional al reglamentario

El Dr. Gutiérrez detalla que la primera iniciativa se adentraba en el entramado del sistema político-electoral y de partidos e implicaba cambios a la Constitución. Proponía un nuevo mecanismo de representación política, no solo eliminar a los diputados plurinominales, sino a los 500 del total que son, y construir una nueva figura de representantes populares (diputados y senadores) por el principio de representación proporcional.

Proponía también reducir el número de consejeros electorales del INE de 11 a 7, y que su nombramiento no fuera por medio de cuotas de los partidos políticos en el Poder Legislativo, como sucede actualmente, sino por medio de una elección relativamente abierta, así como la eliminación del presupuesto para los partidos políticos cuando no hubiera elecciones. Ninguna de estas propuestas pasó.

Por su parte, el Plan B presenta modificaciones en tres ejes: 1) ejercicio de derechos político-electorales, 2) del sistema nacional electoral, y 3) de justicia electoral. Entre ellos, destaca su enfoque de revisión normativa de los órganos electorales, pues “va por el tema de la racionalización de recursos públicos”.

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Texto: Yazmín Mendoza; Foto: tomada de https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/