¿Qué acciones deben tomar las universidades para garantizar la seguridad e igualdad de toda su comunidad? ¿Qué obligaciones jurídicas concretas deberían tener? ¿Cuáles son las prácticas que deberían estar implementando para evitar casos de discriminación y violencia? De acuerdo con Estefanía Vela Barba, Abogada y Directora Ejecutiva de Intersecta, las instituciones de nivel superior deben contar con un Plan de Igualdad que asegure que todo individuo debe ser respetado, no importando su género, orientación sexual, creencia religiosa, origen, u otro rasgo que pudiera provocar actos de violencia.

Durante la quinta sesión del programa RefleAxión, titulada Discriminación y violencia en las Universidades, que se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México, la también experta en derechos humanos, políticas públicas, discriminación y género, habló sobre las diferentes desigualdades y violencias que pueden ocurrir dentro y fuera del lugar universitario, por lo que hizo un llamado para la construcción de espacios incluyentes, igualitarios y libres de violencias.

De acuerdo con la Licenciada Estefanía, las universidades, como instituciones, deberían tener claras las obligaciones concretas que tendrían que aplicar en caso de suscitar actos de discriminación y/o violencia dentro y fuera de sus instalaciones; sin embargo, lamentó que, debido a que los planes de igualdad tienen relativamente poco tiempo de haber sido tomados en cuenta, no existe un diagnóstico claro para que las escuelas puedan tener protocolos adecuados.

“En Intersecta nos dedicamos a la investigación de las comisiones de políticas públicas, por ejemplo, buscamos de qué manera tendrían que ser las leyes, reglamentos y políticas para garantizar los derechos de las personas de manera efectiva, sin dejar a nadie afuera”.

Destacó que uno de sus objetivos principales es que los protocolos que apliquen las universidades no recurran siempre a la Fiscalía como respuesta, sino que se encuentren capacitadas para poder dar una respuesta adecuada al alumnado que reclame alguna de estas violencias.

“Esto es muy importante, ya que hay universidades donde les llegan reclamos de discriminación y/o violencia, y lo único que les dicen a las y los alumnos es que su caso irá a la ventanilla de la Fiscalía. Sin embargo la comunidad necesita que la institución educativa se sume a esta demanda que solicitan aquellos que son afectados, dando el apoyo necesario que se requiera”.

Para la experta, uno de los mayores desafíos con los que se encuentra es que, si bien las instituciones educativas tienen conocimiento sobre la discriminación y violencia que se pueden suscitar en sus espacios, ignoran completamente las obligaciones jurídicas que deben aplicar en estos casos.

“Por ejemplo, el Código Penal señala que todas las personas tenemos la obligación de no acosar, sin embargo, no significa que la universidad no tenga la obligación de emitir un protocolo para abordar el tema, es donde tienen actuar las universidades como instituciones”.

Explicó que para poder avanzar en la implementación de los planes de igualdad en las universidades, se deben revisar y analizar los datos públicos para poder tener un panorama más completo sobre qué otros actores relevantes hay en este tema y qué es lo que sabemos sobre la situación actual de los espacios universitarios en lo que a la discriminación y la violencia se refiere.

Enfatizó la importancia que tiene la educación superior al fomentar el desarrollo humano integral del estudiantado en la construcción de saber, por lo que, dijo, es necesario incluir entre esos saberes la prevención de todo tipo y modalidad de discriminación y violencia.

“Es importante señalar que todo tipo de discriminación y violencia debe ser atendida con las medidas correspondientes, debemos recordar que todas y todos debemos sentirnos seguros en los espacios académicos”.

Texto y fotos: Alberto Elihú Cortés Hernández

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