Políticas de Seguridad: ¿Protección Ciudadana o Beneficio de Élites?
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Las políticas públicas en materia de delincuencia organizada, ¿garantizan seguridad para quién?, fue la pregunta clave sobre la que debatieron especialistas en un debate incómodo y necesario, durante la última sesión del Cafecito Sereno del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC), moderada por el Coordinador del mismo Ernesto López Portillo.
El especiaista en este tema introdujo el diálogo recordando al jurista Luigi Ferrajoli y su concepto de poderes salvajes: estatales fuera de control, privados desregulados y globales sin sujeción al derecho. En ese escenario, explicó, la macrocriminalidad crece de la mano de mercados legales e ilegales que ponen en duda la capacidad del Estado para garantizar el monopolio de la violencia legítima.
El sociólogo Luis Astorga, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dividió la historia reciente de la seguridad en México en tres etapas: la seguridad autoritaria bajo la hegemonía priista, la inseguridad de la transición democrática y el retorno a una seguridad autoritaria en los últimos sexenios. En todas ellas, afirmó, la seguridad ha operado en beneficio de las élites políticas y económicas, mientras que las clases subalternas apenas han recibido migajas.
Para la historiadora Marisol Ochoa, académica del Departamento de Historia IBERO, la seguridad en México se ha convertido en un espacio de cooptación institucional al servicio de intereses de mercado. “Se han debilitado y pervertido las funciones de las instituciones de seguridad”, advirtió, señalando que la extorsión es hoy el delito más dañino para la ciudadanía común. Frente a esa indefensión, agregó, comunidades enteras se ven forzadas a pedir protección al crimen organizado.
El politólogo Carlos Flores, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sostuvo que los enfoques tradicionales ya no alcanzan para explicar la complejidad actual. Recordó que las redes delictivas no operan aisladas, sino vinculadas con sectores políticos y empresariales que garantizan impunidad y blanqueo de capitales. “Lo que parece disfuncional para la ciudadanía, funciona perfectamente para quienes controlan estas redes”, apuntó.
La especialista Lucía Dammert, profesora en la Universidad de Santiago de Chile, amplió la mirada regional. En su libro Anatomía del poder ilegal, describe cómo la criminalidad organizada se ha diversificado en mercados como la minería y la tala ilegal, la trata y la extorsión. “El problema ya no es el crimen organizado en sí, sino la constitución de un poder ilegal que combina mercados ilícitos, corrupción institucional y debilidad estatal”, señaló.
La sesión cerró con un consenso: las políticas de seguridad han privilegiado intereses de élites y redes criminales, dejando a la ciudadanía atrapada entre poderes ilegales. La pregunta de siempre, resumió López Portillo, sigue sin respuesta: ¿quién protege a quienes quieren vivir en paz?
| Arriba y de izq. a der.: Ernesto López Portillo, Luis Astorga, Carlos Flores, politólogo Carlos Flores y Marisol Ochoa |
Texto: Mariana Domínguez Batis / Foto: https://naucalpan.gob.mx
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