El populismo punitivo, el endurecimiento de las penas o la aplicación de forma automática de la prisión preventiva oficiosa pueden generar un efecto adverso en el sistema del Derecho Penal, señaló el Doctor (Dr.) Gilberto Santa Rita Tamés, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

A propósito de la ampliación de delitos para que un juez pueda ordenar de forma automática prisión preventiva oficiosa en casos de contrabando, narcomenudeo, extorsión, presentación de comprobantes fiscales falsos y actividades ilegales relacionadas con drogas sintéticas o fentanilo, dijo que lo que funciona es robustecer a la Policía y a los agentes de investigación para que tengan detenciones efectivas.

"Ante la demanda social generalizada de justicia, las y los políticos lo que hacen es más y más Derecho Penal. Los abogados penalistas que nos dedicamos a esto nos hemos dado cuenta desde hace muchos años que esa medida no funciona (...) De forma personal, estoy totalmente en contra de la prisión preventiva oficiosa", afirmó.

Explicó que la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa gira en torno a un principio de excepcionalidad, es decir, debe de ser aplicada solamente en los casos más graves, pero el problema es que el Ministerio Público quiere aplicarla en automático, lo que vulnera los derechos humanos y la presunción de inocencia.

Prisión preventiva oficiosa: ¿solución o riesgo?

"Es un enorme riesgo la prisión preventiva oficiosa porque el estándar probatorio en algunos delitos es muy bajo. ¿Qué significa esto? Que los elementos que se requieren en la prisión preventiva oficiosa para que el juez aplique en automático son mínimos. Es un verdadero problema y es muy delicado", apuntó.

Precisó que el delito que más preocupa es la violación, pues basta con el dicho de la víctima y un examen ginecológico para que el juez emita una orden de aprehensión de manera inmediata, y el problema con la violación es que es un delito de realización oculta, es decir, que suele cometerse sin presencia de testigos.

Recordó que a finales de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluó la figura de la prisión preventiva oficiosa en México y determinó en su sentencia que era inconvencional, pues violaba tratados internacionales que hablan sobre la libertad personal y el principio de igualdad y no discriminación.

Apuntó que en la Ciudad de México se tipificaron los ataques con ácido contra mujeres y los delitos cometidos contra la comunidad trans y LGBTIQ+, lo que se llama una política criminal moderada, necesaria y razonable, pero se legisla sin pensar que el derecho penal es un sistema que, si se modifica en una parte, va a generar un efecto que puede traer perjuicios.

"Aumentan y aumentan el sistema del Derecho Penal sin saber que eso trae perjuicios. ¿Por qué? Porque lo que el político quiere es que la gente vea que está legislando, está luchando contra la criminalidad o para que la gente esté contenta. Eso se llama populismo punitivo", manifestó.

Refirió que el problema de la criminalidad actual es la delincuencia organizada, sus modelos criminales de organización, las mafias, los cárteles, las guerrillas y los terroristas, pues son los que verdaderamente tienen en jaque a los Estados.

"Atacar las causas de la criminalidad puede llevar 60 o 70 años. Todo el Estado tiene que trabajar articuladamente para combatirlo. La educación, la religión, la familia, la universidad, la escuela, el deporte tienen que trabajar para generar mejores personas y que en su fuero interno no escojan al delito y decidan una vida honesta".

"El Derecho Penal apenas está despertando ante la realidad de la criminalidad organizada. El derecho va a transitar más lento que la criminalidad. Con la tecnología, el dinero y la enorme cantidad de personas que participan en la delincuencia organizada, la lucha es verdaderamente desigual, solamente trabajando con una política criminal a largo plazo esto va a ir mejorando", puntualizó.

Texto: Luis Reyes/ Ilustración: Firefly

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