Los programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) presentaron el informe La Comisión Nacional de Derechos Humanos: una mirada desde las universidades jesuitas, en la que se analiza la estructura y funcionamiento del organismo autónomo, y se brindan propuestas tanto para la CNDH como para el Senado.

A decir del documento, es necesario reflexionar sobre la actuación de la CNDH, a 30 años de su creación y de la polémica designación de Rosario Piedra Ibarra como titular; así como un análisis necesario y pertinente en tanto la Comisión ha anunciado reformas que la convertirían en una auténtica Defensoría del Pueblo.

Por ello, los programas de Derechos Humanos del SUJ presentaron un análisis cuantitativo y cualitativo de la actuación de la CNDH en sus últimos tres años (2018 a 2020), con el fin de identificar “los principales avances, retrocesos y retos que tiene esta institución nacional frente a los derechos humanos en nuestro país”.

Durante la presentación, la Mtra. Lourdes Contró, del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León, se encargó de detallar la estructura de la CNDH, en especial las funciones y quiénes encabezan la Presidencia, el Consejo Consultivo y las Visitadurías, así como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.  

Dijo que “la CNDH tiene un amplio y ambicioso mandato constitucional, el cual se complejiza a partir del contexto de persistentes violaciones de derechos humanos”, por lo que es necesario que este órgano cuente con personal capacitado para realizar tan importante labor, y el análisis sobre el mismo es necesario para revisar el funcionamiento.

“Ya que nos da parámetros para ver si se tienen las condiciones adecuadas a las necesidades que se plantean. El hecho de tener una estructura deficiente y un perfil inadecuado podría implicar una insuficiente actuación que impacte en la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos; y, por otro lado, también repercutirá en altos costos de operación”.

Por su parte, Felipe Sánchez Nájera, del Programa de Derechos Humanos de la IBERO CDMX, apuntó dentro del informe, uno de los puntos esenciales es el presupuesto, pues es “un elemento fundamental para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos”, ya que los recursos pueden ser una muestra del compromiso real de las autoridades.

Durante su participación, dijo que al calcular el crecimiento real por periodo del presupuesto y compararlo con el nominal, los decrecimientos se agudizan y el crecimiento disminuye. En ese sentido, la mayor parte de los recursos se destinan al capítulo de servicios personales, es decir, sueldos, prestaciones y otras remuneraciones al personal.

La Mtra. Rosario Arrambide, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S. J., de IBERO Puebla, abordó el tema sobre los informes especiales elaborados por la CNDH, cuya función es presentarlos ante las autoridades correspondientes para que adopten las medidas necesarias en el marco de la protección de los derechos humanos.

Explicó que en 2018 hubo cinco informes; para 2019, 14; y en 2020, sólo dos. Del total, 21, sólo 15 cumplieron con los elementos para sustentar su elaboración. Uno de los problemas que detectó el informe de las universidades jesuitas es que no hay un seguimiento de los informes, pues la CNDH no está obligada, sólo a emitir y enviar los informes.

La Mtra. Daniela Martínez, del Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, de la IBERO Torreón, habló sobre las acciones de Inconstitucionalidad de este informe, entendidas éstas como medio para plantear la contradicción de una norma general con la Constitución o con los tratados internacionales de los que México forma parte.

En este punto, se muestra un incremento en la promoción de acciones de inconstitucionalidad a partir de 2018 hasta la actualidad. De acuerdo con el informe, se percibe que la CNDH promueve acciones que controvierten leyes, normas o decretos que notoriamente van en contra de los derechos humanos.  

Respecto a las recomendaciones que emite la Comisión, la Mtra. Alejandra Nuño, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, dijo que son “los instrumentos más conocidos por parte de la Comisión Nacional porque son esos dientes que, aunque todavía no son obligatorias jurídicamente, sí le da esa autoridad moral al Ombudsperson para poder recibir y tramitar quejas por violaciones de derechos humanos”.

Expresó, además, que el análisis muestra que “hay una deuda histórica de la CNDH en la emisión de las recomendaciones”: en 2018, de 9 mil 002 expedientes abiertos, sólo se emitieron 91; en 2019, de 11 mil 912, sólo 99; y en 2020, de 8 mil 382, sólo hubo 53 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.   

Entre los temas abordados en las recomendaciones por graves violaciones de derechos humanos, de 2012 a 2020, están: personas privadas de la libertad, legalidad y uso de la fuerza, debido proceso, pueblos indígenas, periodistas, derecho a la salud, matrimonio igualitario, medio ambiente, derecho al trabajo y mujeres.

En el apartado de comunicados hay un claro cambio en la estrategia de difusión a partir de la llegada de Rosario Ibarra: hay una mayor publicación de comunicados, pero a diferencia de la administración pasada, se confronta menos a las instituciones del gobierno federal, hay más mensajes que alaban las acciones del mismo, y también se exalta más el trabajo de la CNDH.

Algunas conclusiones:

• Rosario Ibarra debe legitimarse al interior y al exterior de la CNDH, al asumir una posición de independencia frente al gobierno federal.
• El Senado debe nombrar a los consejeros faltantes.
• El presupuesto ha crecido año con año, lo cual responde en parte al aumento de precios causado por la inflación.
• Se observa una disminución importante en la labor de supervisión por parte de la CNDH, principalmente en lo que respecta a 2020, frente a 2018 y 2019.
• El hecho de que el reglamento de la CNDH establezca que ésta no está obligada a dar seguimiento a dichos informes, le resta efectividad como instrumentos para exigir y lograr cambios en materia de derechos humanos.
• En el marco de la crisis sanitaria por COVID-19, es preocupante que no se hayan emitido informes especiales sobre acceso a la salud pública a escala nacional; derecho a la educación; agravamiento de la violencia contra las mujeres, entre otros.
• Se observa que hay acciones de inconstitucionalidad que se han presentado desde 2018, pero la SCJN todavía no resuelve por lo que dichas acciones quedan olvidadas y sin utilidad. Ante este hecho, es indispensable que la Comisión use otro tipo de mecanismos, como comunicados, ruedas de prensa, etcétera, para presionar a la Corte.
• Las recomendaciones emitidas por año representan un mínimo porcentaje en relación al total de quejas recibidas.
• Hay un fortalecimiento en la estrategia de difusión de las recomendaciones emitidas a partir de comunicados de presa.
• Ese ha reducido la postura crítica hacia el gobierno a partir de los comunicados de la CNDH; el uso de mensajes institucionales para defender situaciones polémicas al interior del organismo y para ensalzar la imagen de la propia Comisión.

A la luz de este análisis hecho por los programas de Derechos Humanos del SUJ, y en aras de contribuir a la observancia de la institucionalización y protección de los derechos humanos en el país, se generaron nueve propuestas, entre ellas:

A la CNDH:

1. Fortalecer la estructura de la Comisión a efectos de poder acatar con responsabilidad y eficacia su mandato.
2. Realizar un proceso de balance y evaluación al interior; un análisis cualitativo y cuantitativo para determinar que las y los visitadores generales cumplan con el perfil deseado y adecuado.
3. Llevar a cabo formalmente el nombramiento de cada uno de los visitadores y visitadoras generales, lo que posibilitará la observancia y defensa adecuada de los derechos humanos.
4. Transparentar de mejor manera el presupuesto asignado.
5. Crear e implementar un mecanismo de seguimiento cualitativo a las acciones de inconstitucionalidad presentadas, ya que sólo se hace un seguimiento cuantitativo.

Al Senado:

1. Garantizar que los procesos de elección y designación de la persona titular de la CNDH acaten los mecanismos efectivos de participación ciudadana y parlamento abierto.
2. Implementar a la brevedad el proceso de designación de los consejeros y consejeras de la CNDH para garantizar la observancia ciudadana en la actuación del organismo.
3. Es urgente elaborar un diagnóstico con participación ciudadana, de la sociedad civil y de las propias víctimas de violaciones a derechos humanos, para detectar las áreas de oportunidad y mejora para tales iniciativas.

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Iván Cabrera