La Fiscalía General de la República (FGR) debe dar a conocer de manera formal, inmediata y categórica si sigue abierta la carpeta de investigación contra Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti, quienes han trabajado por años para esclarecer las masacres y las fosas de San Fernando, Tamaulipas, afirmó la periodista Carmen Aristegui, durante la presentación del informe de Amnistía Internacional (AI) Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México.

“Es inadmisible y estamos aquí para exigir que esa carpeta se cierre. Debe decirse en voz alta y este mensaje es principalmente para la FGR, que lejos de cerrarla, mantuvo abierta esta investigación. Esta Fiscalía tiene que hacer lo necesario, ya, para que no haya ningún vestigio o rastro que permita a alguien ejercer acción penal en contra de Ana, Marcela y Mercedes”, acotó la comunicadora.

El informe, dado a conocer por Amnistía Internacional desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico (CEX) de la Universidad Iberoamericana (IBERO), documenta los casos de la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz, y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes desde 2016 fueron sujetas a una investigación indebida por personal de la FGR, que además efectuó espionaje ilegal en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Carmen Aristegui enfatizó que esta investigación es una poderosísima señal inhibitoria para Ana Lorena, Marcela y Mercedes, así como para cualquier otra persona que quiera defender a las víctimas, hacer un trabajo de peritaje especializado o escribir y publicar acerca de lo que ocurre en México, y “de ese tamaño es el asunto y de ese tamaño tiene que ser la exigencia a la Fiscalía con tres mujeres que no deberían estar en esa investigación”.

Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de AI México, dijo que así de absurdo es el actuar del Estado mexicano, pues tres mujeres que trabajaron para esclarecer uno de los casos más horrorosos de violaciones a los derechos humanos, el de las fosas y masacres de San Fernando (72 cuerpos en la primera masacre, y 196 en la segunda), están criminalizadas y han sido espiadas por el propio Estado, que no ha podido explicar por qué fueron asesinadas personas migrantes en San Fernando.

“El Estado mexicano no cumple con su deber de garantizar la integridad y la vida de las personas migrantes. Este mismo Estado invierte recursos humanos, económicos y tecnológicos en atacar a través de la criminalización y el espionaje a quienes están acompañando a las víctimas de la masacre", aseveró.

¿Cómo comenzaron a investigar a Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti?

El 29 de enero de 2016, personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) empezó una investigación contra Ana Lorena, Marcela y Mercedes en el expediente de las fosas clandestinas de San Fernando sin informarles. El 4 de febrero de 2016, sin orden judicial, la institución pidió a compañías telefónicas proporcionar el registro de llamadas de Ana Lorena y Marcela, ya que investigaba la comisión de delitos de secuestro y crimen organizado. Las empresas entregaron dicha información.

El 9 de febrero de 2016, agentes de la PGR solicitaron a personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores acceso para analizar la escritura en trámites de Ana Lorena y Marcela. Esta dependencia federal también entregó estos datos sin el consentimiento de dos de las tres involucradas, sin orden judicial y sin cerciorarse de que la solicitud contara con una fundamentación legal sólida. El 8 de abril, personal de la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) realizó una segunda solicitud de llamadas y geolocalización a telefónicas de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, quienes no se enteraron de esta investigación y del espionaje ilegal hasta 2021.

Las diligencias violaron diversos derechos fundamentales. Tanto Ana como Marcela y Mercedes tardaron seis años en obtener las copias del expediente de las fosas clandestinas de San Fernando. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una resolución obligó a la FGR a entregar el expediente de más de 300 tomos, pero personal de la Fiscalía, de forma ilegal, usó su poder contra las tres, cuando lo único que intentaban era que las familias tuvieran una respuesta para saber sobre el paradero de sus seres queridos.

Carmen Aristegui apuntó que la FGR tiene la obligación de revisar lo que ha pasado todos estos años, atender el llamado; y no hacerlo, dijo, significa que la Fiscalía está decidida a continuar con esta herramienta de inhibición y “significa que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero quiere seguir mandando este mensaje siniestro en contra de periodistas, especialistas, peritos, peritas, abogados y abogadas de derechos humanos en este país, cuya única razón ha sido defender y representar a las víctimas”.

Texto y Fotos: Luis Reyes

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