El agua es un elemento fundamental para una existencia humana digna. Por esta razón, en 2010, la Organización de las Naciones Unidas (onu) reconoció el acceso a este bien como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. En nuestro país, esta prerrogativa se incorporó a la Constitución Política en 2012, y con ello el Estado mexicano se compromete a garantizar a la población su acceso y disposición para consumo personal y doméstico.

          No obstante, la ampliación y profundización del extractivismo en México reduce la posibilidad de acceder a este líquido en cantidad y calidad suficientes.

          La instalación y operación de proyectos extractivos, entre los que se cuentan los mineros, hídricos, agroindustriales, inmobiliarios y de infraestructura, provoca múltiples afectaciones al agua, tales como contaminación, desecación de pozos, humedales, ríos, lagos y arroyos, o la sobreexplotación de acuíferos.

          Los efectos nocivos del extractivismo en el agua dañan la salud humana, afectan las actividades productivas y exacerban la desigualdad. Además, cada vez es más frecuente observar casos de migración forzada cuando las poblaciones, al no contar con este recurso, deciden abandonar su lugar de origen.

         La disputa por el uso, el acceso y el control de este bien da lugar a conflictos entre las poblaciones y los responsables de los proyectos. El Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (ocsa) documenta, analiza y mapea proyectos extractivos que detonan conflictividad socioambiental en el territorio mexicano.

       Es así como, en el periodo comprendido entre enero de 2017 y enero de 2021, el ocsa registró 97 proyectos extractivos que, en sus fases de exploración, construcción, ampliación u operación, causan afectaciones al agua, ya sea por su extracción, uso o descargas.

          De los extractivismos que ocasionan daños más evidentes y devastadores a este bien natural está la minería, ya que, para llevar a cabo sus procesos, utiliza grandes volúmenes de agua. Se estima que la actividad minera posee 7% del volumen de agua concesionado a nivel nacional. Sin embargo, este porcentaje no es preciso, pues se desconoce el volumen real que usa esta industria, debido a que la ley permite su uso libre.[1]

  Asimismo, la minería emplea sustancias altamente tóxicas como el cianuro y el mercurio, que contaminan el agua y provocan graves problemas de salud a las personas que entran en contacto con ella. Tan sólo en 2020, el 36.2% de los pozos monitoreados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encontraban contaminados por diferentes sustancias, entre las que destaca el mercurio.[2] Esto implica que casi cuatro de cada diez pozos de agua están contaminados.[3]

          Un caso emblemático al que el ocsa ha dado seguimiento es el de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, que en 2014 provocó uno de los peores desastres ambientales, al verter 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que afectó la vida y economía de siete municipios.

        La Secretaría de Salud y el Centro de Nacional de Control de Enfermedades reportó en su momento que más de 95% de la población examinada (650 casos) presentaba plomo en la sangre; 79%, cadmio; y 50%, arsénico.[4] Estos metales provocan serios problemas de salud, ya que dañan el sistema óseo, afectan la función hepática y renal y disminuyen el coeficiente intelectual de las infancias, por mencionar algunos.
 

       
        Un ejemplo relevante de las afectaciones al agua por proyectos de infraestructura es el Tren Maya. Este megaproyecto está poniendo en riesgo el acuífero de la península de Yucatán, que constituye la única fuente de abastecimiento de este líquido en la región, lo que se suma a la alta vulnerabilidad de los acuíferos de esta zona a la contaminación debido a su composición, principalmente de roca calcárea.[5]

        Los estragos de este tren sobrepasan la sobreexplotación y contaminación hídrica, debido a que además está provocando una profunda deforestación que, a su vez, derivará en una menor precipitación en la zona.[6]

          Todo lo anterior ocurre con la venia de los gobiernos y sus dependencias, que privilegian los intereses de las empresas y priorizan el uso del agua para los sistemas de producción frente al consumo humano.

          Ante el panorama expuesto, surgen cuestionamientos sobre la contradicción que representa la defensa de un modelo de desarrollo extractivista que promete bienestar para las poblaciones, al tiempo que priva el derecho humano al agua. Dicho escenario sucede en un contexto de emergencia climática que amenaza aún más la posibilidad de que todos y todas las mexicanas veamos satisfechas las necesidades de este bien fundamental para la vida.

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