Del año 2000 a la fecha en México, se duplicó el número de jóvenes que asisten a la educación superior, al aumentar la matrícula de dos millones a poco más de cuatro millones de estudiantes. Sin embargo, este crecimiento es insuficiente, pues sólo cuatro de cada diez mexicanos/as en edad de asistir a la educación superior lo están haciendo, cuando en otros países con un nivel de desarrollo equiparable, como Argentina y Chile, se tiene una cobertura del 90%, señaló la Dra. Marisol Silva Laya, directora de la División de Investigación y Posgrado (DINVP) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Al hablar de los Retos de la equidad educativa en educación superior en México, en el foro virtual Inversión social y equidad en educación superior: retos ante la pandemia, dijo que aunque es notable la expansión de la matrícula, se debe seguir exigiendo la ampliación del acceso, porque no todos los sectores de la población se benefician de este bien común. La masificación de este nivel educativo amplió las oportunidades para los sectores sociales más favorecidos y ocasionó  “una subrepresentación de jóvenes de sectores vulnerables en la matrícula”.

Para dar cuenta de ese acceso restringido a estudiantes de sectores desfavorecidos detalló que, si se divide a las y los jóvenes de 18 a 23 años (edad típica para asistir a la educación superior) por el ingreso económico de sus familias, se encuentra que en el primer decil, el de ingreso más bajo, se halla el 10.3% de mexicanos/as en esa edad; pero sólo representan  el 2.7% del total de la matrícula de educación superior, es decir, no están representados proporcionalmente; hay un volumen importante de jóvenes de este sector que están quedando excluidos.

Esta menor atención al estudiantado proveniente de los sectores más pobres de la sociedad no se limita a su falta de acceso a la educación superior, sino que se agrava por el hecho de que muchos de ellos/as, que sí están estudiando una carrera, no lo hacen en un programa de calidad acreditada. De hecho, solamente el 50% de los universitarios/as en México (dos millones) están inscritos en programas de calidad.

Esto significa que en la educación superior en México “sí se le está dando acceso a jóvenes que habían sido excluidos tradicionalmente, pero falta asegurar que asistan a programas de calidad que promuevan el desarrollo integral de sus capacidades para que ejerzan plenamente su derecho a la educación”. Es preciso evitar que se profundice una desigualdad educativa cualitativa.

La permanencia

Asimismo, la Dra. Silva Laya comentó que no basta con masificar el acceso a la educación superior, sino que se debe atender la permanencia del estudiantado, por lo que las universidades e instituciones de educación superior tienen que comprometerse a apoyar el desarrollo de trayectorias exitosas entre las y los jóvenes.

En esto resulta crítico el primer año en la educación superior, un momento importante en la toma de decisiones que las y los estudiantes inician con gran motivación y compromiso, y que cuenta con periodos clave de transición durante los cuales los universitarios necesitan integrarse a entornos muy distintos a su trayectoria escolar previa.

La Directora de la DINVP señaló que ese primer año es particularmente difícil para aquellos/as jóvenes que son la primera generación de sus familias en llegar a la universidad, porque hay prácticas educativas ajenas a sus códigos culturales, necesidades e intereses. También enfrentan muchas dificultades académicas, porque en la medida en que no desarrollaron competencias básicas durante sus primeros años de escolaridad fueron acumulando desventajas, que en la educación superior se pueden convertir en barreras infranqueables.

Por otra parte, Silva comentó que se han diagnosticado diferentes razones por las que se da un desajuste entre las expectativas del estudiantado y las expectativas de la universidad. Una de ellas es que las culturas académicas han tendido a rigidizarse, tienen escasa innovación pedagógica y en lugar de mostrar flexibilidad curricular, para favorecer la adaptación de nuevos perfiles estudiantiles, se mantienen con la idea de un/a estudiante estándar.

“Las universidades no hemos sido capaces de responder a esa diversidad y de enriquecernos con esa diversidad de quienes se enfrentan por primera vez a la educación superior, y que también traen consigo un cúmulo de culturas, de conocimientos, de talentos, que pueden enriquecer notablemente la vida de las universidades”.

Revertir los niveles de inequidad

La académica de la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México, agregó: “Tenemos que pensar cómo vamos a revertir estos niveles de inequidad que ya existían y que se están profundizando, es decir, tendríamos que hacer las cosas de manera distinta para atender una agenda que es del pasado y que también es para el futuro inmediato”.

Las políticas de equidad implementadas en México han puesto el acento en el acceso, pero no es suficiente. Es imperativo pensar la equidad de una manera integral e incorporar diferentes dimensiones. La económica, exige compensar las necesidades de las y los estudiantes de los sectores de menores ingresos. “La lógica en México ha sido dar menos a quienes menos tienen, y es una lógica que hay que cambiar, para dar más a los que menos tienen”. Para revertir los niveles de desigualdad se precisa una redistribución de recursos en procesos e infraestructuras educativas que fomenten el desarrollo de capacidades.

Desde una dimensión pedagógica, hay que atender profundamente los procesos de aprendizaje, para hacer de éste un espacio de gozo, lo que implica que exista un compromiso de la institución educativa y de su profesorado por innovar y por desarrollar una pedagogía propia de la educación superior.

Es así que para la Dra. Silva el derecho a la educación superior debe definirse a partir de una concepción multidimensional que incluya lo económico, lo político, lo cultural y lo pedagógico, en la que educación superior signifique: articular recursos y procesos educativos en espacios universitarios inclusivos, para ofrecer una educación relevante y pertinente a las personas (incluidas las provenientes de los estratos socioeconómicos desfavorecidos), donde participen con plena titularidad de su derecho, para desarrollar aprendizajes significativos que les permitan ampliar sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida.

Esa definición tiene de fondo la aspiración de hacer posible el poder transformador de la educación, “que pueda llegarse al empoderamiento de nuestros estudiantes, para tomar decisiones relacionadas con su propia vida y también con su desenvolvimiento como ciudadanos en la construcción de una sociedad más democrática”.

Entonces, una definición operativa de equidad en la educación superior implica un acceso efectivo, es decir, aquel donde haya opciones educativas relevantes, donde haya calidad en la educación y donde no haya una segmentación educativa, o sea, una inclusión estratificada.

Además, es fundamental atender la permanencia, para favorecer trayectorias escolares exitosas, evitando que la puerta de entrada se convierta en una giratoria. Permanencia que conlleva asegurar la consecución de los resultados esperados por las y los estudiantes, que tiene que ver con la ampliación de sus capacidades.

Dentro de los grandes retos para lograr lo anterior están: el diseño e implementación de nuevas políticas de equidad basadas en esa visión multidimensional e integral; y destinar el financiamiento necesario para garantizar un ejercicio efectivo del derecho a la educación. “Gratuidad y obligatoriedad, que se acaban de decretar en la reciente reforma educativa en México, no son suficientes. El discurso se puede quedar en retórica si esto no se respalda con las condiciones necesarias para ofrecer calidad a todos nuestros estudiantes”.

Otro reto es la diversificación de los mecanismos de ingreso, pues “el principio meritocrático esconde y enmascara las desigualdades y el solapamiento de esas desigualdades”. Es así que se tendría que pensar en beneficiar a los estudiantes de sectores desfavorecidos con acciones afirmativas, como asegurar cuotas de participación para ciertos sectores de la población y acompañamiento con procesos educativos significativos.

Evidentemente, es preciso “superar la visión del déficit y más bien enriquecernos de la diversidad, y ser capaces de ser flexibles para adaptarnos a esos diferentes perfiles de estudiantes que están ingresando a las aulas universitarias”.

Y, por último, “poner mucho más énfasis en las pedagogías de la educación superior. En pedagogías justas que promuevan el derecho a aprender y no solamente el derecho a entrar a una universidad, sino la posibilidad de empoderarse y de ampliar las capacidades de acuerdo con los propios planes y aspiraciones que tienen nuestros estudiantes”.

Inversión social y equidad en educación superior

El Patronato de la IBERO, el Centro de Inversión Social, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) y la Dirección de Formación Ignaciana organizaron el foro virtual Inversión social y equidad en educación superior: retos ante la pandemia.

El foro, donde se profundizó en el problema de la inequidad educativa, “representó también el inicio de la iniciativa Alianzas que transforman: juntxs por la equidad educativa, que invita a empresas y personas  a sumarse a una red de la IBERO, que permita incorporar a más jóvenes en condiciones de vulnerabilidad a la comunidad universitaria, y garantizar su permanencia en ella”, a decir de la Lic. Adriana de la Peza Vignau, coordinadora del Centro de Inversión Social.

“Si quieres sumar a tu institución o empresa a Alianzas que transforman,  puedes hacerlo poniéndote en contacto con impulsa@ibero.mx. También puedes sumarte a la Red de inversionistas sociales por la equidad educativa por medio de una donación única o recurrente a través de nuestra plataforma,  en: dona.ibero.mx”, añadió De la Peza.

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PEDRO RENDÓN/ICM