Es positivo que el Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación, dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional, sea firmado por los sectores de Educación Pública y Salud. Se requiere la participación de ambos para la implementación efectiva del Acuerdo.

Esta medida se suma a otras políticas públicas, tendientes a desincentivar el consumo de alimentos no básicos de alta densidad calórica y bebidas azucaradas industrializadas, que actúan sobre el precio y la información de estos productos, como son los impuestos y el etiquetado frontal de advertencia, respectivamente. Es un avance en el camino hacia la consolidación de un paquete de intervenciones de prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) relacionadas.

El acuerdo se enmarca en las Leyes generales de Educación (LGE), Salud (LGS) y Alimentación adecuada y sostenible (LGAAS).

Las experiencias en Latinoamérica mencionan la importancia de la implementación a nivel local, en el que las comunidades escolares participen en la implementación.  La participación multisectorial también es imprescindible. La escuela es el núcleo, pero deben considerarse los vínculos con la disponibilidad de recursos y las dinámicas familiares.

Intervenir en el entorno escolar, sobre todo a nivel básico, es esencial porque es la etapa de la vida en la que se forman los hábitos alimentarios de las personas, que difícilmente pueden cambiar después. Además de la educación en nutrición que considera la nueva escuela mexicana, se debe ir más allá de lo cognoscitivo y fomentar el desarrollo de habilidades para preparar alimentos y, en caso de que la escuela cuente con parcela escolar, con la producción de alimentos. Además del derecho a la salud, el derecho al medio ambiente apropiado, el derecho al agua y el derecho a la alimentación adecuada, se celebra que el acuerdo establezca el interés superior de la niñez para orientar la implementación de los lineamientos.

Deben existir alternativas de alimentación. Por ello, vale la pena considerar la implementación de un programa de alimentación escolar, siguiendo el caso de éxito de Brasil, en el que se conecta con la producción local de alimentos frescos los cuales son más saludables y que además impulsa la economía local.

Se requiere inversión. Debe proveerse de agua potable en todos los planteles. Desde 2019 no se tiene información de la ampliación de la cobertura de bebederos escolares, que apenas alcanzó un 25% en aquel año. El sistema DIF debe abandonar los “desayunos fríos” como los que han incluido los “desayunos escolares”, incluso con productos altamente procesados. Debe haber “desayunos calientes”. Que la escuela no sea nunca más un lugar para malcomer para aquellos menores sin recursos, y más bien sea la oportunidad de una alimentación igual o mejor que en sus hogares. El correcto funcionamiento de los comités de alimentación, y su capacitación permanente, son muy relevantes.

Debe haber un esquema de incentivos y sanciones. Los docentes, al permanecer en la comunidad escolar por más tiempo en promedio, deben ser el centro de la implementación, recibir descarga de su actividad escolar para permitirles integrar el fomento de la alimentación saludable en sus contenidos curriculares y no curriculares. Incentivos y sanciones simbólicas como pago de un día extra o la aplicación de un día sin goce de sueldo se han recomendado en IBERO Propone, un compendio de propuestas de política pública planteados desde la Universidad Iberoamericana para México. 

Se requiere monitoreo y evaluación. Los padres de familia son esenciales en el monitoreo y el sector académico es esencial en la evaluación. La COFEPRIS no tiene posibilidad de hacer un monitoreo adecuado más allá de un esquema de muestreo con representatividad nacional. Las evaluaciones que considera el Acuerdo tienen que ver con el impacto, pues se habla de una periodicidad de hasta cinco años, pero se requieren diversos tipos de evaluación externa sobre el diseño, la implementación, los procesos, la consistencia y resultados, y evaluación económica.

Recordemos que la obesidad y las ECNT relacionadas impactan en el PIB en un 5.3%. Implementar intervenciones en nutrición, salud, ambientales y sociales generarán amplios beneficios sociales.

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Por: Dr. Mauricio Hernández Fernández, doctor en Nutrición Poblacional y especialista del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE – Ibero CDMX).

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