¿Ecuador debió optar por vías legales en la crisis diplomática con México? Especialistas debaten
Foto: Dr. Pedro Martínez Esponda, Dra. Virdzhiniya Petrova Georgieva y el Embajador Eduardo Ibarrola Nicolín
Si Ecuador no estaba de acuerdo con que México le haya otorgado asilo diplomático al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, tuvo que haber realizado los procesos pertinentes frente a la Corte Internacional de Justicia y no haber entrado de manera violenta a la embajada mexicana, ya que esto sólo provocó que el país sudamericano fuera visto de mala manera por el resto de la región, señalaron experta y expertos del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Durante el Conversatorio La crisis diplomática entre México y Ecuador desde la perspectiva del derecho internacional, donde participaron nuestros docentes, Dra. Virdzhiniya Petrova Georgieva, Dr. Pedro Martínez Esponda, y Eduardo Ibarrola Nicolín, este último Embajador Eminente; se habló sobre la fuerte tensión que persiste entre estas dos naciones.
La especialista indicó que, incluso si México violó el derecho internacional al otorgar asilo diplomático a Jorge Glas, una contramedida por parte de Ecuador nunca pudo consistir en el uso de la fuerza, ya que esto corrompe la legalidad de las contramedidas que se pueden llevar en contra de otra nación.
De acuerdo con la académica, con base al Convenio de Caracas, Ecuador pudo demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia y decir que las autoridades mexicanas violaron el acuerdo al haber otorgado asilo al exvicepresidente ecuatoriano, pues éste era perseguido como un delincuente común y no político.
“La respuesta de Ecuador debió comenzar por ahí, decir ‘nosotros creemos que México ilegalmente otorgó asilo a Jorge Glas porque ya está demostrada su culpabilidad, incluso ya estuvo 8 años en la cárcel, por lo que no es una persecución política’”. Tras eso, la Corte Internacional determinaría con esos fundamentos si realmente la embajada mexicana habría violado estos acuerdos.
Por su parte, el Dr. Martínez Esponda también consideró que la contramedida por parte de Ecuador fue ilícita, ya que, al haber reaccionado de manera violenta, sólo generó inconformidad por parte de otros países de Latinoamérica, incluso de Europa.
Subrayó que, de acuerdo con el artículo 50 del Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, denominado Proyecto Crawford, “el Estado que tome contramedidas no quedará exento del cumplimiento de las obligaciones que le incumban, de la misma manera deberá respetar la inviolabilidad de los agentes locales, archivos y documentos diplomáticos consulares”.
Explicó que si bien el Proyecto Crawford no es un documento vinculante, sí refleja en buena medida la costumbre internacional que se debería aplicar en este tipo de situaciones. Por lo que afirmó que no hay forma de justificar la irrupción en la embajada mexicana con la idea de contramedidas bajo el derecho internacional de la responsabilidad.
“Si se logra demostrar que todos los juicios por corrupción de Glas son en realidad persecución política, si Ecuador utilizó su aparato judicial para perseguir políticamente a este individuo, pues obviamente la justicia ecuatoriana habría hecho mal su trabajo, habría vulnerado los derechos humanos de Glas”.
Respecto a una posible solución a este conflicto diplomático, el Embajador Eduardo Ibarrola adelantó que, por el momento, es imposible saber qué resolución dará la Corte Internacional, ya que “el litigio podría tomar una dinámica interesante y moverse exclusivamente del tema de la irrupción a la embajada hacia la cuestión del asilo, lo cual sería sumamente interesante desde el punto de vista del derecho internacional”.
Reconoció que a pesar de que las autoridades ecuatorianas entraron de manera violenta a la embajada, opinó que lo mejor sería que ambos países lleguen a un acuerdo pacífico antes de una resolución por parte de la Corte Internacional.
“Toda resolución de la Corte Internacional de Justicia es un verdadero Tratado de Derecho internacional, por lo que habrá que ver la responsabilidad del Estado, así como una serie de consideraciones que la Corte Internacional de Justicia hará para determinar quién violó las normas internacionales”.
Texto y fotos: Alberto Elihú Cortés Hernández
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