El silencio, consecuencia del crimen contra mártires de la UCA de El Salvador

Mié, 18 Nov 2020
Señala el Mtro. Mario Patrón Sánchez, Rector de la IBERO Puebla, al cumplirse 31 años del asesinato de seis jesuitas y dos mujeres, en la UCA
Da la bienvenida a la mesa ‘Caso jesuitas: el juicio en España a Montano, estado de la justicia y agenda pendiente’
Dicha actividad formó parte de la ‘Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría SJ de análisis de la realidad política y social. Rupturas, suturas y reconstrucción social. ¿Cómo subsanar tejidos sociales maltrechos?’
  • las y los mártires de la UCA de El Salvador.
  • Mtro. Mario Patrón Sánchez, Rector de la IBERO Puebla (Foto: Pedro Rendón).
  • Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño, moderador de la mesa, director general del Medio Universitario de la IBERO Puebla y fundador de la Cátedra Ignacio Ellacuría.
  • Participantes en la mesa ‘Caso jesuitas: el juicio en España a Montano, estado de la justicia y agenda pendiente’.

El silencio fue una de las consecuencias del crimen contra las y los mártires de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, señaló el Mtro. Mario Patrón Sánchez, Rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, al dar la bienvenida a la mesa Caso jesuitas: el juicio en España a Montano, estado de la justicia y agenda pendiente, que formó parte de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría SJ de análisis de la realidad política y social. Rupturas, suturas y reconstrucción social. ¿Cómo subsanar tejidos sociales maltrechos?

En su mensaje, Patrón dijo que con ese silencio no se trató de acallar sólo a las “voces proféticas” (entre ellas, la del jesuita Ignacio Ellacuría, Rector de la UCA) que hace 30 años denunciaban la violencia y la injusticia, también se trató de silenciar el clamor popular de las grandes mayorías que reclamaban justicia frente a la violación sistemática de los derechos humanos en El Salvador (en el contexto de la guerra civil), así como las estructuras generadoras de la pobreza, la marginación y la desigualdad.

A 31 años de que fueran asesinados, “en realidad ejecutados”, el 16 de noviembre de 1989, los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, así como Elba Ramos y su hija Celina Ramos, hasta ahora la impunidad ha prevalecido en complicidad con el silencio. Pero la justicia va abriéndose paso, y alienta la esperanza de poder encontrar una respuesta que permita sancionar y dar lugar a un proceso de reconciliación ampliamente esperado.

En su alocución, el Maestro dio, desde su perspectiva, un entorno a la mesa sobre lo que pueden dinamizar los procesos de búsqueda de verdad y de justicia, lo que significa poner en el centro a las víctimas y cómo esto puede ser el inicio de un proceso de reconciliación más amplio.

Explicó que, en su modelo ideal, los sistemas de justicia tienen el propósito genuino y profundo de restituir el daño, de asegurar equilibrios en la sociedad y de reparar a la parte afectada. Por ello, la reconciliación supone verdad, requiere justicia, exige reparación y enfrentar las condiciones que producen el odio y la violencia, para transformarlas, y sólo así poder llegar al horizonte del perdón.

Pero hasta ahora, las instituciones no han sido capaces de tener una escucha activa y de reconocer en las víctimas los rostros concretos de las dinámicas de violencia, el abandono institucional y la incapacidad para brindar seguridad. Así que, “es el tiempo de la escucha, de la palabra, de las voces de las víctimas y de quienes han sido olvidados en estas décadas de violencia, y de una justicia que sea verdaderamente restaurativa”.

Para Patrón, esta condición restaurativa implica, en los procesos de justicia, invertir la forma y la legalidad específica que caracteriza a los tribunales. Se trata de poner en el centro a las víctimas e invertir el proceso de comunicación, se trata de que las instituciones que suelen detentar el monopolio de la palabra ahora sean quienes escuchen, que los funcionarios judiciales escuchen a las víctimas de violencia y no sean quienes hablen en su nombre, se trata de que los victimarios escuchen y miren a las víctimas para establecer una relación de sensibilidad trascendente, que puede conducir al diálogo genuino, al reconocimiento de la conducta y al perdón.

“Este proceso de justicia es urgente no sólo por los años de silencio y complicidad, sino porque el tiempo es un factor decisivo para que las personas que cometieron graves violaciones de derechos humanos, al amparo del poder del Estado, sean presentadas ante las víctimas”.

Asimismo, se requiere una jurisdicción especial que establezca formas de reparación y que contenga los incentivos necesarios para que quienes sean acusados colaboren con la verdad, contribuyan a alcanzar la verdad e incluso soliciten el perdón a las víctimas, y puedan obtener algún beneficio en este proceso.

La justicia penal, añadió Patrón Sánchez, se centra en responsabilidades individuales. Pero el proceso de reconciliación (en el caso abordado en esta mesa de la Cátedra), en el marco de una justicia restaurativa, también exige que el Estado y quienes son hoy sus representantes reconozcan que una de las estructuras estatales en El Salvador cometió de forma generalizada y masiva crímenes de lesa humanidad, actuación que se desenvolvió en la estructura militar, del ejército y en sus mandos.

“Fue así una política de Estado lo que posibilitó la desaparición forzada, el desplazamiento de comunidades, la tortura y las ejecuciones, en el marco de una operación coordinada y planificada, cuyo nombre Tierra Arrasada, es profundamente reveladora de sus objetivos. La Masacre de El Mozote es la muestra de cómo la brutalidad y la deshumanización pueden enfocar y descargar su furia sobre las personas más vulnerables”.

Luego entonces, la reconciliación también supone la transformación de estas instituciones públicas, de la forma en que han ejercido el poder público, y transformar las formas económicas que propician la concentración del ingreso, la desigualdad, el enriquecimiento injusto y la falta de acceso a los derechos básicos de grandes sectores de la población.

Añadió que al hablar de las y los mártires de la UCA de El Salvador es imposible hacerlo sin pensar en el México “adolorido y ensangrentado” de los últimos 20 años. “Más aún, si somos una universidad jesuita que, como bien diría Ignacio Ellacuría, estamos llamados a ser universidades históricas, es decir, que respondamos a los tiempos y lugares a los que nos debemos”.

Es así que la sentencia de la Audiencia Nacional de España en el juicio al coronel salvadoreño Orlando Montano, y el proceso incansable de búsqueda de verdad y justicia, deben irradiar la agenda mexicana, con más de 70 mil personas desaparecidas en los últimos 10 años, con el 99% de impunidad sobre delitos denunciados, con más de 35 mil muertes violentas por año y más de 280 mil personas víctimas de desplazamiento forzado.

“El llamado de los mártires es a no decaer, a continuar en la búsqueda de la resiliencia comunitaria, basada en la verdad, la memoria y la justicia. Nuestra propia experiencia mexicana lo enmarca; han sido las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos quienes hoy representan el reservorio ético y la oportunidad de movilizar agendas con poder transformador”.

La mesa

En la mesa Caso jesuitas: el juicio en España a Montano, estado de la justicia y agenda pendiente también participaron José María Tojeira S. J., quien fue Provincial de Centroamérica cuando ocurrió la masacre de los jesuitas, que posteriormente fue Rector de la UCA de El Salvador y que actualmente es Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA de El Salvador.

También tomó parte Almudena Bernabeu, directora del Guernica Centre for international Justice, quien ha participado en la investigación del genocidio contra el pueblo maya en Guatemala, en la identificación del responsable de la muerte de Víctor Jara en Chile y en la extradición de dos oficiales militares envueltos en la masacre de Accomarca (Perú), y cuyo trabajo ha tenido impacto en el fortalecimiento de la justicia penal internacional y en procesos nacionales de justicia transicional.

Ambos analizaron el impacto del juicio que la Audiencia Nacional de España hizo al coronel Montano, uno de los autores materiales que participaron en la masacre de hace 31 años en la UCA de El Salvador, primer caso de una justicia transnacional en el caso de los jesuitas.

La Cátedra

El Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño, moderador de la mesa, director general del Medio Universitario de la IBERO Puebla y fundador de la Cátedra Ignacio Ellacuría, mencionó que ésta fue creada en el 2004, “con motivo del legado que nos han dejado tanto Ellacuría, como los mártires de la UCA”.

La Cátedra está presente en la IBERO Ciudad de México, en la IBERO Puebla, en la UCA de El Salvador, en la Universidad Loyola de Andalucía, Sevilla y Córdoba (España), en la Universidad La Salle de Oaxaca y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

“Estas universidades nos hemos organizado en una red internacional en la cual buscamos responder a los signos de los tiempos con nuestras respuestas universitarias, cuidando el legado de Ellacuría, y acudiendo a él para responder también a estos tiempos de complejidad”.

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Texto: PEDRO RENDÓN/ICM

 

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