En México, las entidades en general tienen solamente datos de 7% de los delitos que se cometen, de la realidad de lo que sucede en ellas; y no obstante esa cifra “ya tiene al sistema, a la cadena de seguridad y justicia, atiborrada y colapsada”, dijo Adrián Franco, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al participar en la  mesa ‘Metodologías y herramientas para la caracterización de las violencias y las criminalidades’, que formó parte de la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’, Franco mencionó que en México no se tiene una cultura estadística.

“Cuando nosotros emitimos un dato, o alguien serio emite un dato, el punto es que lo primero que hace la autoridad es generalmente rechazarlo. El rechazo tiene que ver con varias naturalezas, una es la política, otra es como se haya levantado, otra es cómo le esté yendo en su entidad, cómo lo tratan los medios, qué compromiso tiene con sus jefes, con el gobernador probablemente”.

Señaló además que para las autoridades el tema estadístico no es prioridad, entender y tomar decisiones con base en estadística tampoco es prioritario; de hecho es un déficit importante en el país no generar datos.

Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, mencionó que el trabajo que se ha estado construyendo desde la sociedad civil en parte ha sido el de poner orden en los números; porque “si México es el país que produce más información en materia de seguridad, la verdad esa información sigue siendo de una deficiencia espantosa”.

Lo peor es que detrás de todos los subregistros hay una falta de acceso a la justicia para las víctimas; y por otro lado, un desperdicio en recursos públicos, al no mejorarse la calidad de vida de los ciudadanos y poner en riesgo a las autoridades que sí están tratando de hacer algo en materia de seguridad.

“Tal vez el problema de base hoy es que la información que aparentemente se está generando no está logrando impactar de manera profunda en la toma de decisiones y en las acciones de la autoridad. O por lo menos, si nosotros volteamos a ver las políticas públicas y las transformaciones normativas, no necesariamente éstas recogen los hallazgos de los trabajos que hacemos muchos de los que estamos aquí sentados”.

Comentó que el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad genera mucha información, por ejemplo sobre desaparecidos o encuestas de victimización en municipios, “pero parece que nada pasa alrededor de esta construcción de información para que finalmente mejoren las políticas públicas”.

¿Para qué se necesitan los datos?

El académico de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Luis de la Calle, explicó que los datos se requieren fundamentalmente por tres dimensiones:

1. Oral. En una base de datos de víctimas cada persona que responde una encuesta de victimización quiere resarcir la pena o la culpa que está experimentando por haber sufrido violencia y no poder denunciarla o no poder perseguirla.

2. Legal. Se tiene que acumular información para conocer mejor qué es lo que está pasando, y castigar a los culpables.

3. Académica. Por dos variantes, la de conocimiento aplicado, y la de conocimiento puro. Y obviamente los académicos quieren tener datos para poder entender mejor las dinámicas de la violencia.

Por otra parte, dijo que la violencia criminal en México tiene lugar en un contexto de doble riesgo. Por un lado, los ciudadanos se sienten amenazados por los grupos criminales, sean cuales sean; por otro, se sienten amenazados por el Estado, “porque dentro del Estado hay cierta convivencia de grupos que participan, están coludidos, miran para otro lado. Eso es muy parecido a lo que se vive en las guerras civiles, los ciudadanos en las guerras civiles se sienten atacados por los dos lados”.

Mas “a diferencia de lo que observamos en la mayor parte de las guerras civiles, en el contexto del doble riesgo de la guerra criminal en México, de la violencia criminal, o como queramos llamarlo, nadie se interesa por las víctimas”.

“El Estado mira para otro lado porque no le conviene que se sepa que muere tanta gente y por eso también esta cierta indefinición de si son muchos, son pocos, quién sabe. Y por otro lado a los criminales tampoco les conviene, hasta cierto punto, porque ellos lo que quieren es resolver sus disputas, las que quieran que sean, sin atraer mucho el foco mediático”.

Es una situación en la cual es muy complicado dar datos, porque ningún grupo de los que normalmente se están matando entre ellos quiere que la información se sepa. “Este es un punto de partida que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de cómo codificar la violencia criminal”.

Laura Atuesta Becerra, del Programa de Política de Drogas del CIDE, agregó que en términos de estadísticas de violencia y seguridad siempre hay un sesgo. “En términos de seguridad estamos tan atrás y hay tan mala información, que cualquier información que nosotros analicemos va a tener un sesgo”.

Además, criticó que el gobierno no sea quien esté levantando la información. “Por qué ciudadanos o madres de desaparecidos están levantando información de desaparecidos, si eso lo debería estar haciendo el gobierno; por qué no tenemos información de desplazamiento interno, si eso lo debería de estar haciendo el gobierno”.

“Todos estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo para sacar información adicional es un granito de arena más para entender qué es lo que está pasando con la violencia, porque ni el crimen organizado está interesado en sacar estadísticas, ni el gobierno está interesado en sacar estadísticas sobre su propia estrategia. Entonces cualquier cosa que nosotros hagamos es un plus, por más sesgos que podamos tener”.

La mesa ‘Metodologías y herramientas para la caracterización de las violencias y las criminalidades’, fue moderada por Luis González Plascencia, secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

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Texto y fotos: PEDRO RENDÓN/ICM