La obesidad destaca entre las alteraciones metabólicas que más afectan el bienestar de las familias mexicanas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018 estimó que 75.2% de los adultos padecen sobrepeso u obesidad. Junto a otras alteraciones metabólicas como niveles de colesterol y glucosa elevados, ha posicionado al grupo de factores relacionados con la alimentación como el mayor contribuyente a la carga de la enfermedad en México. Las personas ven mermada su productividad, y aumenta significativamente su riesgo de padecer eventualmente alguna discapacidad o muerte prematura. El Dr. Boyd Swinburn y sus colaboradores han planteado que la crisis de obesidad ocurre en una forma sinergística con otra crisis muy grave como lo es el cambio climático.

La obesidad contribuye además a un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedad que usualmente no es tratada y controlada con oportunidad y conduce a consecuencias graves y sufrimiento en las personas. Una décima parte de los adultos mexicanos ya fue diagnosticado con este padecimiento. La cantidad de personas que requieren algún tipo de atención por parte del sistema de salud es tal que presiona los presupuestos en salud en México y en unos cuantos años podría poner en riesgo las finanzas públicas.

Publicaciones extensas han descrito el estado actual de la problemática de la obesidad en el caso mexicano, cubriendo desde la cuantificación y el resumen de la evidencia sobre sus causas, hasta las políticas públicas que se han implementado y la formulación de recomendaciones de nuevas medidas (Rivera). No puede haber una solución sencilla, pues se trata de un problema multifactorial, de naturaleza sistemática y compleja. Se necesita transitar hacia un sistema alimentario capaz de producir dietas saludables y sostenibles, a partir del sistema actual, el cual es adaptativo y creado principalmente a partir de intereses económicos y comerciales, en detrimento de la salud poblacional.

El abordaje tradicional de la obesidad indica que desde el ámbito personal se pueden intentar algunas acciones, como difundir las recomendaciones de las guías alimentarias y de actividad física. Pero la mejora de la situación será marginal mientras las decisiones sobre la dieta sigan siendo bastante acotadas para millones de hogares, pues la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Quienes tienen buena información pueden tener la intención de procurar una alimentación saludable, pero para mantener un compromiso sostenido necesitan desarrollar habilidades para realizar actividades esenciales como por ejemplo elegir los alimentos en el punto de venta, cocinar, ajustarse a un presupuesto familiar y estrategias de afrontamiento para resistir entornos alimentarios caracterizados por múltiples barreras.

Mantener un peso corporal adecuado en el ciclo de vida no debería encargarse únicamente a la responsabilidad personal. Los entornos y sistemas alimentarios actuales son el resultado de decisiones e influencias acumuladas en un periodo largo de tiempo, donde han dominado los intereses económicos y comerciales. La obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas con los patrones de alimentación actuales son una consecuencia sistémica, que implican una responsabilidad colectiva, en la que particularmente el Estado tiene el mandato de proteger la salud de las personas pero no siempre ha actuado en consecuencia. El estigma que recae sobre las personas en condición de obesidad es infundado y debe ser erradicado.

Ojalá que gobernantes, legisladores y ministros pongan por delante el interés público tratándose de políticas alimentarias y protejan consistentemente el derecho de los mexicanos a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. Deben ser especialmente cuidadosos para apegarse al interés superior de la niñez para proteger a este grupo etario de la mercadotecnia pervasiva de productos industrializados no compatibles con una alimentación adecuada. Deben revisar los subsidios o incentivos a formas intensivas de producción agrícola para liberar los recursos que fomenten la transición agroecológica. Deben comprometerse a implementar estrategias de abasto eficientes y transparentes que realmente apoyen a las familias en situación económica vulnerable frente a los altos precios de frutas, verduras, leguminosa, nueces y semillas. Deben asegurar que el sistema de educación básica pueda florecer como el principal promotor de dietas, hábitos y habilidades saludables.

La industria alimentaria integra una diversidad de empresas. Algunas producen ingredientes culinarios o alimentos de bajo procesamiento, pero hay otras que se concentran en el mercado de productos comestibles ultraprocesados (formulaciones industriales basadas en ingredientes que aportan calorías a bajo costo). La evidencia científica de que los alimentos y bebidas ultraprocesados afectan negativamente la salud y nutrición de las personas. Estos productos son relativamente baratos porque hay costos que se externalizan, afectando negativamente la salud de las personas, las finanzas del sistema público de salud y la estabilidad medioambiental. Pareciera que estamos en un dilema del que no hay solución, de ahí la importancia de identificar marcos normativos que promuevan el surgimiento y la multiplicación de empresas que persigan una ventaja competitiva a través de la reformulación o el desarrollo de nuevas líneas de negocio con productos de bajo procesamiento o la implementación de tecnologías para que sus productos reduzcan su impacto medioambiental.

Perseguir una dieta sostenible implica procurar una dieta saludable, pero además se requiere que sea accesible física y económicamente, que proteja la biodiversidad y los ecosistemas en todo el proceso productivo. Otros aspectos de las dietas sostenibles que reciben atención insuficiente tienen que ver con que deben ser culturalmente aceptables, y además generar medios de vida dignos para quienes se emplean en el sistema alimentario, desde los jornaleros en la producción agrícola, los pequeños productores independientes y hasta las personas autoempleadas en la producción y venta de alimentos preparados en las ciudades.

Si abordamos el problema de la obesidad a partir del reconocimiento de la responsabilidad colectiva, la naturaleza sistémica y la comprensión sociológica y cultural de los aspectos implicados en la alimentación, podremos revertir su valoración como requisito de subsistencia y posicionarla como principio rector en la construcción de una sociedad de derechos.

*El Dr. Mauricio Hernández Fernández es investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE).

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