Ante la aprobación en diciembre pasado del paquete conocido como Plan B, cinco personas expertas fueron invitadas a la Universidad Iberoamericana para su análisis, y coincidieron en que esta propuesta legislativa contiene diversos puntos negativos, pero también afirmaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) no es perfecto y que es necesario pensar en una reforma de fondo en esta materia, aunque por la cercanía de los tiempos electorales, no debería hacerse en este momento.

Durante la mesa de análisis ¿El Plan B contribuye a fortalecer o a debilitar la democracia en México?, celebrada este 14 de marzo y moderada por el Dr. Roger Magazine, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, las y los especialistas coincidieron también en la necesidad de dialogar con quienes no comparten las mismas posturas y así ganarle terreno a la polarización.

El llamado “Plan B”, un paquete presentado por el Presidente de la República que incluye modificaciones a cinco leyes secundarias y plantea una nueva en materia electoral, actualmente se encuentra vigente pero ha suscitado un amplio debate en el país, así como la interposición de varios recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Dr. Enrique Gutiérrez, profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, puntualizó que “esta discusión no se da en abstracto, no se da en el vacío, y hay que entender que en este momento en el país hay una lucha por los espacios de poder, institucionales y no institucionales, una disputa de los grupos hegemónicos por el poder político y una disputa en los medios por las propias narrativas en el espacio público”.

Dos funciones: organizar elecciones y condiciones de competencia

La ex Consejera Electoral del entonces IFE, Pamela San Martín, señaló que el Instituto tiene dos funciones primordiales. La primera tarea encomendada al que en sus inicios fuera el Instituto Federal Electoral (IFE) fue la de “garantizar que se pudieran organizar materialmente las elecciones y que se haga bien”, lo que considera su gran fortaleza hasta ahora. El segundo elemento es el de las condiciones de competencia, cómo garantizar condiciones de equidad, “y es donde nos ha costado más trabajo”.

Consideró que, en términos generales, la propuesta del Plan B debilita las facultades organizativas, por un lado, y por otro, no fortalece la parte del arbitraje, pues se le bajan al INE las facultades sancionatorias y para poder fiscalizar a los partidos. No obstante, destacó que la discusión comienza con que sí tenemos problemas democráticos.

Alfredo Figueroa, ex Consejero Electoral del IFE, señaló que tenemos un sistema de fiscalización que da cuenta de los recursos públicos que entran legalmente a los procesos electorales, pero muy poco control de los recursos ilegales que entran. “Hay algo de lo que nadie quiere hablar mientras se busca austeridad: en este país se gastan miles de millones de pesos no declarados ante la autoridad electoral que provienen del erario público, de los privados, e incluso del crimen organizado”.

Agregó que el Plan B es un proyecto que va en contra del concepto de autonomía constitucional que tenemos establecido, que se interpone a la función de organizar elecciones y de la eficacia del propio proceso electoral, así como a favor de los candidatos en términos de no sanción.

“Se trata de la acción con mayores violaciones constitucionales y con mayores regresiones a lo que se había logrado en materia electoral”, dijo. Pero añadió que eso no significa que el INE estuviese bien, “no significa que no haya que hacer una extraordinaria reforma constitucional”.

Acciones de inconstitucionalidad

El artículo 41 de la Constitución, que es el que principalmente recoge la materia electoral, pasó de 63 a más de 4 mil palabras, explicó Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJUNAM). Ese contenido constitucional es el parámetro de validez del Plan B, puntualizó.

Todas aquellas normas del Plan B que sean contradictorias con ese contenido constitucional son inconstitucionales y deberán ser declaradas como tales y expulsadas del ordenamiento jurídico por parte ya sea de la Suprema Corte, de los juzgados federales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las y los integrantes de la mesa coincidieron en que algunas de las disposiciones del Plan B que han sido y serán impugnadas ante los órganos jurisdiccionales serán efectivamente invalidadas, por lo que habrá que esperar a que ocurran estas decisiones. Entre ellas, Pedro Salazar destacó las derivadas del procedimiento de aprobación legislativa.

Al respecto, el Dr. Enrique Gutiérrez recordó que en 2014 la reforma político-electoral fue llevada por canales extraparlamentarios, a través del mecanismo Pacto por México. Luego tuvimos grandes implicaciones técnicas y operativas de esa reforma, como la duplicación de algunas funciones y procesos de coordinación bastante complejos entre distritos electorales federales y locales. “La reforma de 2014 prometió que iba a hacer las elecciones más baratas y eficientes, y eso no sucedió”.

Hacen falta datos duros de diagnóstico

En el debate organizado por los Departamentos Académicos de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, Arianne León, abogada en el despacho Reyes y Castillo Consultores y Equilibra, señaló que el objetivo de este Plan B se inserta en una política de austeridad por parte del Presidente de la República, que ha sido su bandera, el lograr el mismo trabajo con menos recursos.

Entre otras disposiciones, el paquete de reformas comprime la estructura del INE, se eliminan ciertas plazas, algunos órganos que eran permanentes se vuelven temporales, hay fusión, compactación o integración de áreas y reducción del número de vocales locales y distritales. En cuanto a este mismo tema, en esta segunda mesa de discusión, la ex Consejera Pamela San Martín señaló: “Tenemos un sistema en el que las elecciones cuestan, nos puede gustar o puede no gustarnos”. Si bien el Plan B no elimina el INE, ni las casillas, ni el Registro Federal de Electores, el problema es que organizar una elección no se hace por arte de magia.

En el caso de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES), señaló que éstos contaban con una estructura permanente pequeña y una temporal amplísima, lo que derivó en que el INE terminara supliendo varias de sus funciones. Con estas reformas “el suplidor va a dejar de existir”.

Por su parte, el Dr. Enrique Gutiérrez destacó que diversas fuentes señalan que el INE tiene 14 mil o 17 mil empleados en términos generales. Una reducción de vocales del área ejecutiva plantea la reducción de mil 264 plazas hasta ahora; por lo que planteó para el análisis: ¿esa reducción imposibilita y plantea una visión catastrófica de las elecciones en donde realmente no se van a poder hacer, cuando el INE tiene 17 mil empleados?

La abogada Arianne León señaló que no hay un diagnóstico sólido de la autoridad electoral que vaya más allá de la lógica en numerología, pues falta información para saber qué hace exactamente cada una de las personas y si la reducción en número realmente afecta sus funciones. No obstante, advirtió que tampoco hay un diagnóstico del otro lado, “cómo es que con esta estructura comprimida se sigue garantizando el estándar en la organización de elecciones”. Además, agregó que el momento ideal para las reformas electorales son las elecciones intermedias, no las presidenciales.

En la primera de estas mesas de diálogo, titulada ¿Cuál es la situación del proceso de democratización y el Plan B en México?, participaron René Torres Ruiz, académico de la Ibero CDMX; María Elena Cruz Sauza, asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Texto: Yazmín Mendoza. Fotos: Jorge Luis Cortés

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