Más allá de una explicación puntual, las causas que llevaron al incendio en un centro de detención de personas migrantes en Ciudad Juárez se anidan en el enfoque de seguridad nacional que tiene la política migratoria de México, que consiste en perseguir, detener y deportar de manera sistemática y generalizada a las personas migrantes. Así lo explica en entrevista la Mtra. Margarita Núñez Chaim, Coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de nuestra IBERO.

La noche del pasado lunes, este siniestro dejó al menos 39 personas fallecidas en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM). De acuerdo con los primeros informes, las personas migrantes ahí detenidas iniciaron una protesta luego de enterarse de que iban a ser deportadas, por lo que habrían colocado en la entrada del centro colchonetas a las que prendieron fuego.

La política migratoria actual está pensada con una hipótesis que es falsa, asegura la Mtra. Núñez Chaim: que a mayor control, menores los flujos migratorios. “Pero no hay evidencia alguna en ninguna parte del planeta, no sólo en México, de que eso sea cierto”. Por el contrario, detalla, la evidencia demuestra que el enfoque de control y detención aumenta los riesgos y la vulnerabilidad de las personas migrantes.

Además, la especialista apunta a un problema en la narrativa oficial con la que se presenta la política migratoria: está llena de eufemismos. No se habla de detenciones, sino de “aseguramientos”, “alojamientos” o “rescates humanitarios”; no se habla de centros de detención, sino de “estaciones migratorias”, “estancias provisionales” o, como en el caso del reciente incendio, “albergues”.

Esta terminología encubre y disfraza lo que realmente implica la política migratoria, explica Margarita, lo cual genera limbos en términos jurídicos. Por ejemplo, menciona que de acuerdo con la Ley de Migración, migrar sin documentos no es un delito y no amerita detención en una cárcel, sino una detención administrativa que no debe de exceder 36 horas. Pero si ocurren y no se les considera como tales, no se da el control judicial pertinente y se exceden los periodos de detención, lo que lleva a la situación de personas hacinadas, sin derechos y sin comunicación, lo que desemboca en hechos como lo que ocurrió en Ciudad Juárez.

En caso de ocurrir, la detención migratoria debería de ser una práctica excepcional que se utilice para ciertos casos muy particulares, dice la coordinadora del Prami, pero “en México se utiliza como la regla y no como la excepción”, lo cual constituye una práctica violatoria a derechos humanos, agrega.

Giro en la política migratoria

Desde espacios como el Programa de Asuntos Migratorios, se han documentado las consecuencias del desempeño de esta política migratoria con enfoque de seguridad nacional, y se tiene la certeza de que se puede cambiar por uno de enfoque de seguridad humana que ponga al centro a las personas migrantes y a sus derechos, que reconozca que son en su gran mayoría personas con necesidades de protección internacional.

Sí hay alternativas, asegura la Mtra. Núñez Chaim. “Ni siquiera es un problema de falta de capacidades, sino de voluntad, porque el Estado mexicano sí tiene la capacidad de atender al flujo migratorio”, y lo ha demostrado con inversión de presupuesto al INM con una encomienda de contención.

Pero la experta enfatiza que esos recursos económicos, humanos y materiales bien pueden destinarse al fortalecimiento de instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), las procuradurías de protección a la infancia, el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las secretarías de la Mujer, abocadas a la protección de las personas migrantes. “Por supuesto que habría otra alternativa y no habría estos resultados trágicos y dramáticos”, concluye.

Texto: Yazmín Mendoza / JCM

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