Tiene que haber voluntad política para revisar los proyectos extractivistas y megaproyectos, que no toman en cuenta a pobladores de comunidades afectadas, así como los reacomodos y desplazamientos ocasionados por el cambio climático, pues nos dirigimos a un escenario ambiental catastrófico, comentó el Doctor (Dr.) Jorge Peláez Padilla, Coordinador del Centro Interdisciplinario para la Enseñanza Clínica del Derecho (CIEC) de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

Abundó que, a partir de los miles de damnificados que dejó el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, y de la sequía e incendios en varios estados, un tema fundamental para los gobiernos venideros será considerar los procesos locales de reacomodo y desplazamiento, además del fenómeno migratorio en México, también provocado por el cambio climático.

Fuertes vientos siguen propagando un incendio  forestal en el Parque Nacional "El Velero", cercano a Acapulco, Guerrero. Foto: X/@SkyAlertStorm

"Si las personas ya no tienen agua, la tendencia será que se desplacen hacia lugares donde sí la tengan. Hay fenómenos naturales más agresivos, los estados tienen que construir mejor infraestructura sustentable que tome en cuenta riesgos climáticos, pues las personas lo pierden todo por esos fenómenos naturales extremos. Se requieren acciones urgentes", abundó.

Indicó que, aunque hubo una moratoria minera en los últimos años y no se han otorgado nuevas concesiones, hubo tantas en los años previos que  entre 2000 y 2018 se generaron conflictos socioambientales que siguen sin resolverse, pues a los pobladores les impusieron proyectos sin consultarles, como oleoductos, gasoductos, refinerías o termoeléctricas.

Los daños ambientales son ocasionados por la mano del hombre y fenómenos naturales cada vez más agresivos. Foto:  X/@AmigosTierraEsp

El especialista en Derecho Ambiental acotó que un tema clave de regulación es que se necesita actualizar todas las normas oficiales del sector ambiental, pues la corrupción y la impunidad en todos los niveles de gobierno, ha permitido que las industrias sigan haciendo descargas de aguas con contaminantes, sin resarcir los daños que generan en los ecosistemas.

En ese sentido, indicó que, desde la Clínica Berta Cáceres, la IBERO da acompañamiento legal e interdisciplinario  a procesos organizativos y de resistencia en comunidades de varios estados del país donde se han impuesto proyectos extractivistas. El objetivo es encontrar formas de remediación al daño ambiental que los protectos están causando en esos territorios.

“El problema ambiental no necesariamente es un tema de buenas leyes, sino de cómo garantizamos que las leyes sean eficaces sin que haya impunidad. México es el ejemplo en términos legales internacionales que lo firma y lo reconoce todo, pero luego complica las cosas y cumple lo que quiere”, refirió.

La finalidad de las leyes ambientales es proteger los ecosistemas. Foto: X/@AmigosTierraEsp

Recordó el desastre de agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre en Cananea, donde los Ríos Bacanuchi y Sonora recibieron la descarga de 40 mil litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y otras sustancias tóxicas. Lamentó que sigue sin hacerse efectiva la reparación del daño a personas afectadas de la región.

“Es evidente el poder que tienen las grandes empresas frente al que tienen las comunidades a la hora de resolver un problema ante un juez. Ese es un malestar, los instrumentos legales que tenemos hoy no están siendo suficientes para defender los derechos de las comunidades y las personas afectadas en términos ambientales”, precisó.

Finalmente, abundó que se debe hacer partícipe a la gente en la transición energética, sin que desde arriba se impongan los proyectos extractivos, pues al Derecho lo que le corresponde es generar mecanismos de administración de justicia más equitativos entre las grandes empresas y las comunidades.

Texto: Luis Reyes Fotos: X/@AmigosTierraEsp y @SkyAlertStorm

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