La violencia y la militarización de los últimos años ha transformado la participación de los ciudadanos en México; quienes por un lado, participan menos en las elecciones; y por otro, han salido a las calles a exigir justicia “y a revelar no sólo la manera en que el crimen organizado ha afectado sus vidas, sino también para revelar el abuso de las fuerzas armadas”, dijo Sandra Ley, profesora-investigadora de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En la mesa ‘Militarización de la seguridad en México y en América Latina’, que formó parte de la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’, Ley añadió que “desde  2006, ciudadanos en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, según la investigación que yo he hecho, han tomado las calles para exigir un alto a la militarización y denunciar los abusos militares y policiales, en el marco de la lucha contra la inseguridad”.

Aunque para hablar de dichos abusos convendría mencionar las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las distintas comisiones estatales de derechos humanos, Sandra Ley prefirió referirse a las dinámicas de esos procesos de protesta y cómo la política de militarización afecta la participación política y el involucramiento de los ciudadanos en el control de la violencia.

Explicó que por un lado hay venganza de parte “de grupos criminales que buscan callar a los ciudadanos valientes que salen a denunciar los delitos, su lógica delincuencial y su capacidad de control local”. Pero por otro lado la protesta social contra la inseguridad en México enfrenta una segunda amenaza, “la violencia política por parte de las autoridades que buscan también callar a los ciudadanos que en su denuncia revelan redes de protección entre Estado y crimen organizado”.

La forma en que se logra callar a los ciudadanos es mediante el uso de la fuerza, ejercida por las mismas fuerzas del Estado, ya sea amedrentando la protesta en las calles o violentando a sus manifestantes después. “Este ha sido el caso de varios activistas, y de los mismos padres de familia que salen a buscar a sus hijos y resultan amenazados, y muchas veces asesinados”.

“Así, la vía civil, tema principal de esta conferencia y evento, vuelve a verse truncada y amenazada por la militarización. Las opciones de rendición de cuentas social vuelven a estar limitadas cuando el Estado, a través de sus fuerzas del orden, terminan amenazando de manera directa a quienes se atreven a levantar la voz”.

La sociedad mexicana no está en deuda con los militares

Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, dijo que el desempeño militar en México, en el marco de la crisis de inseguridad, sólo puede describirse como una paradoja grave para nuestro débil andamiaje democrático.

“Del fracaso de una equívoca estrategia punitiva transexenal y de un evidente incremento de influencia y prerrogativas de un aparato castrense, donde la transparencia se esconde bajo la coartada de la seguridad nacional, y donde también la rendición de cuentas es frágil”.

Aclaró que “la sociedad mexicana no está en deuda con los militares”, como dicen los periodistas o algunos intelectuales particularmente después del sismo del 19 de septiembre, en el sentido de entregarles una Ley de Seguridad Interior, como la que pretenden la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México.

De igual modo no es viable, legal ni políticamente, la deformación de un capítulo especial que se añada a la Ley de Seguridad Nacional, que  contenga los criterios medulares de las propuestas oficiales de las iniciativas de seguridad interior, “intento que por cierto, hay que recordarlo, fracasó al final del sexenio calderonista”.

Para Tirado, desde su perspectiva, los militares son parte del problema. “No me refiero a su responsabilidad instrumental en el fracaso de la estrategia de seguridad; sino a cuestiones estructurales, como la sesión de franjas o territorios a la criminalidad, o la ineficiencia en el control de armas y explosivos”.

La paradoja es que los militares son parte del problema, y también de la solución, sólo si “se definen  controles claros para su actuación por parte del Congreso y la sociedad civil; mientras se devuelven a sus espacios que les son connaturales”.

EU ha equipado y capacitado a fuerzas armadas

Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México y Derechos de Migrantes de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), comentó que Estados Unidos ha animado a los gobiernos de Latinoamérica a usar sus fuerzas armadas en tareas que realmente deben corresponder más a la policía.

“Desde el 2000 el gobierno de Estados Unidos ha destinado 20 mil millones de dólares en asistencia en materia de seguridad a la región (América Latina), y la mayor parte, unos 17 mil millones, ha sido más hacia lo que es el combate al narcotráfico. De todos esos fondos, 7 mil millones de dólares han sido fondos de los Departamentos de Defensa y de Estado para equipar y capacitar a las fuerzas armadas en la región”.

“En el caso de México, lo que hemos visto durante dos décadas es que el gobierno de Estados Unidos ha alentado, y a veces financiado, el uso del Ejército mexicano en operaciones para combatir el narcotráfico. Como organización, en WOLA nos preocupa mucho esto, porque la asistencia respalda el papel de las fuerzas armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada sin fin, y brinda respaldo a una institución que ha sido implicada en graves violaciones a los derechos humanos”.

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Texto y fotos: PEDRO RENDÓN/ICM