Durante una conferencia regional sobre el Acuerdo de Escazú, realizado en la Universidad Iberoamericana, especialistas de América Latina coincidieron en que este tratado es clave para fortalecer la democracia ambiental, pero su implementación aún enfrenta retos importantes. Firmado en 2018, garantiza el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la protección de las personas defensoras del medio ambiente.

Gustavo Alanís Ortega, del CEMDA (México), recalcó que Escazú es más que un compromiso internacional: es una herramienta para empoderar comunidades y frenar la violencia contra quienes defienden la tierra. Aunque México ha tenido avances, la implementación local sigue siendo desigual y enfrenta obstáculos serios.

Marcelo Cousillas, desde Uruguay y actual presidente de la Mesa Directiva de Escazú, remarcó que todo depende de la voluntad política. Sin ella, los mecanismos del acuerdo no se consolidan ni se traducen en verdaderos cambios.

El primer tratado del mundo que protege a defensores ambientales

El relator de la ONU Marcos Orellana subrayó que Escazú es el primer tratado del mundo que protege explícitamente a defensores ambientales. Pero para que funcione, se necesita más que leyes: hacen falta instituciones sólidas, financiamiento y compromiso a todos los niveles.

Desde la sociedad civil, también se hizo un llamado de atención. Manuel Llano, de Cartocrítica, alertó sobre las dificultades para acceder a información sobre megaproyectos en México. Alejandra Rabasa, de Cultura Ecológica, pidió incluir la educación ambiental desde la infancia y transversalizar los derechos humanos en las políticas públicas.

En el plano judicial, la Suprema Corte de México ha usado principios del Acuerdo incluso antes de su entrada en vigor, sentando precedentes importantes:

• Legitimación ampliada: cualquier persona puede defender un ecosistema.
• Medidas cautelares accesibles: se busca equilibrar las asimetrías entre comunidades, ONGs, empresas y autoridades.
• Sentencias con reparación del daño ambiental.

Uruguay, por su parte, destacó la creación de un plan nacional con 22 acciones prioritarias, desarrollado con apoyo de la CEPAL y amplia participación ciudadana. Su enfoque busca articular los pilares del acuerdo desde la base institucional y legal.

No todo son avances

En México preocupa la desaparición del INAI (órgano garante de la transparencia) y el debilitamiento de los mecanismos de protección a defensores ambientales. En 2023 se registraron 123 agresiones, siendo uno de los años más violentos para quienes protegen el medio ambiente.

Además, el acceso a información sigue siendo fragmentado y, en algunos casos, intencionalmente bloqueado. Casos como la clasificación de datos sobre hidrocarburos por “seguridad nacional” impiden conocer los impactos reales de ciertos proyectos.

La conferencia concluyó con un llamado urgente a no permitir que Escazú se quede en el papel. Se necesita una implementación real, participativa y coherente con la gravedad de los conflictos socioambientales que vive la región. Como recordó Orellana:
“La justicia ambiental no puede esperar. Proteger a quienes defienden la vida debe ser una prioridad de todos los Estados parte del Acuerdo de Escazú”.

Texto y fotos: Bruno Francisco Urrieta Hernández

Notas relacionadas:

• Relatora de la ONU impulsa justicia ambiental en IV Encuentro de Clínicas Jurídicas de AL y Caribe
• Critica Alicia Bárcena Extractivismo Neoliberal y Urge a Proteger a Ambientalistas
• Las Clínicas Jurídicas Ambientales Como “Laboratorios de Cambio Social”
• IBERO Albergará IV Encuentro de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de LatAm y el Caribe