La conferencia internacional internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’ concluyó después de dos días de actividades, siete mesas de diálogo y un debate en los que se enfatizó la necesidad de avanzar hacia políticas públicas de seguridad integrales, eficaces y respetuosas de los derechos humanos, conducidas por autoridades civiles y sujetas a rendición de cuentas.

Además, como parte importante de esta convocatoria de análisis, reflexión y propuestas, se estableció la urgencia de la desmilitarización gradual de las políticas de seguridad; así como abrir el debate a una visión más amplia en la que participen actores con distintas posiciones sobre el tema.

El Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Tijuana, Mtro. David Fernández Dávalos, S. J., urgió cambiar la política de seguridad actual que maneja la élite gobernante y que el Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos de la población. Además, afirmó que este tema va más allá de aspectos técnicos y tiene un alcance estructural.

“Resolver el tema de la seguridad ciudadana no es un tema técnico, sino que es un tema estructuralmente político. Entonces su solución pasa por un cambio en la política de drogas, una reforma de justicia penal, de las policías, en la procuración de justicia y una nueva política social”, señaló al cierre del foro.

Ernesto López Portillo, consultor en seguridad y coordinador técnico de la conferencia, expresó en la parte de las conclusiones que "la evidencia es clara, este modelo punitivo y de empleo de las fuerzas armadas no tiene un impacto positivo en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país". 

Por su parte, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), puntualizó que es inviable perpetuar a las fuerzas armadas en la guerra contra el crimen; mientras que Jan Jarab, representante en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomendó hacer un debate integral sobre el tema de seguridad.

La conferencia internacional logró que la voz del Ejército mexicano, institución activa en la promoción de la Ley de seguridad interior, se escuchara. El general Alejandro Ramos, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue contundente al pedir un marco jurídico de acción para la labor de las fuerzas armadas.

La participación del militar en un evento convocado por instancias civiles fue celebrada por los organizadores, ya que se alcanzó una pluralidad de ideas y se abordó el tema de seguridad de forma holística, como recomendaron algunos expertos asistentes a este evento.

En un debate abierto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, comentó que cualquier modelo de seguridad debe enfocarse en los ciudadanos y no en la protección de las instituciones, con un elemento central: la defensa y protección de los derechos humanos.

En general, los expertos afirmaron que no es viable en este momento que las fuerzas armadas dejen de coadyuvar a las autoridades civiles en esta crisis de inseguridad y violencia, pero sí se debe analizar claramente cómo deben actuar y en qué momento.

La voz mayoritaria se decantó por no legislar una ley como la propuesta desde el poder Legislativo, como Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien señaló que su aprobación sería tanto como reconocer la normalización de la participación del Ejército y la Marina en labores que competen, en este momento, a autoridades civiles débiles.

Frente a un reto en esta materia, lo primero que debe existir es un reconocimiento por parte del Estado de que hay un problema, afirmó el académico Santiago Corcuera, quien hace poco fue presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, pues de no hacerlo se perpetuará esta forma de enfrentar la inseguridad.

Este foro fue convocado por la Universidad Iberoamericana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Investigación y Docencia Económicas y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los convocantes, a excepción de la ONU-DH por normativa interna, firmaron un pronunciamiento en el que se convoca al Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, una red de construcción de conocimiento, intercambio e incidencia en políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento del paradigma de seguridad ciudadana en un contexto democrático y con perspectiva de derechos humanos. Esta propuesta tendrá una primera sede de operaciones en la IBERO.

Finalmente, al cierre del evento, se presentaron las conclusiones de la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’, que de forma general determinaron que la actual política que pondera el uso de las fuerzas armadas representa un riesgo, pues normaliza lo que tendría que ser una excepción.

Frente a ello, un nuevo modelo se seguridad debe priorizar una reforma policial democrática, la prevención y la atención diferenciada a grupos de mayor riesgo, refrendando la protección a los derechos humanos.

Como este foro no se concretó sólo a hacer teoría sobre la seguridad y sus diferentes aristas, se presentarán recomendaciones y propuestas de un modelo de seguridad por medio del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, la cereza del pastel de este evento.

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