“El Rancho Izaguirre no es un caso aislado; tristemente hay varios campos de exterminio aquí en México”, lamentaron representantes del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana, quienes informaron que, entre el 2020 y el 2024, han registrado siete campos de exterminio, seis crematorios clandestinos y tres fosas clandestinas de uso reiterado.

La Mtra. Fernanda Lobo Díaz y Mariana Marchand Moreno coincidieron en que el Rancho Izaguirre, en Jalisco, fue un campo de exterminio, de acuerdo con la definición de “exterminio” del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Ambas ofrecieron la sesión de RefleAxión titulada “Desaparición de personas, sitios de exterminio y fosas clandestinas en México”, organizada por la Dirección General de Vinculación Universitaria (DGVU), con el fin de comprender mejor el fenómeno de desapariciones que azota a nuestro país, con base en datos que ha recopilado y analizado el PDH a lo largo de sus 27 años de labor.

De 2006 a 2024, se documentaron 3,298 fosas clandestinas

Entre enero de 2006 y mayo de 2024, el PDH ha documentado un total de 3,298 fosas clandestinas. Por su parte, se cuentan 125,890 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el registro de la Secretaría de Gobernación y al menos 72 mil cuerpos humanos no identificados en las morgues del país.

El 50% de los hallazgos de fosas clandestinas han sido en cinco estados, según informó Fernanda Lobo, investigadora especializada en análisis de datos y derechos humanos del programa de incidencia de la universidad:

1. Guerrero (415 fosas),
2. Veracruz (397),
3. Sonora (342),
4. Guanajuato (275) y
5. Jalisco (245)

En las fosas clandestinas documentadas por el PDH, a su vez, se han contabilizado 8,031 cuerpos. Los cinco estados en que se encontró un mayor número, equivalente a 46% del total de cuerpos exhumados, fueron:

1. Jalisco (1,128 cuerpos humanos),
2. Guerrero (852),
3. Sonora (603),
4. Michoacán (557) y
5. Guanajuato (529)

México, “una fosa común con himno nacional”

Ya no se trata de una crisis de desapariciones, sino que “es un fenómeno muy estructural arraigado a la cotidianidad mexicana, que se ha sostenido en el tiempo. No por nada se dice que México no es un país, sino que es una fosa común con himno nacional”, aseguró Mariana Marchand Moreno, estudiante de Relaciones Internacionales, quien participa en los proyectos de investigación del PDH.

La mayoría de feminicidios en fosas clandestinas, perpetrados por la pareja

Lobo y Marchand dieron datos también sobre feminicidios que terminan en fosas clandestinas. El PDH registró 67 casos de 2020 a 2024, de los cuales, en el 30% se desconoce el perpetrador, el 30% fue perpetrado por las parejas sentimentales de las víctimas, 16% por el crimen organizado, el 10% por un particular, el 9% por un familiar y el 1% se trató de un feminicidio en serie.

El Programa de Derechos Humanos es una iniciativa nacida en la IBERO, que colabora con colectivos de búsqueda, construye datos a través del rastreo de notas periodísticas, así como tecnologías como el análisis geoespacial, que permite geolocalizar fosas clandestinas a través de drones y de la identificación de niveles de nitrógeno (que son altos en sitios donde son enterrados cuerpos humanos), por ejemplo.

Después de ofrecer un amplio contexto teórico y de experiencias sobre su labor, las especialistas entablaron un diálogo con las personas que asistieron a la sesión. ¿Cómo ser un agente activo de cambio, dentro de la realidad de desapariciones en México?, fue una de las principales preguntas de la audiencia. La donación a colectivos de búsqueda, acompañar acciones de búsqueda, difundir fichas de desaparecidos en redes sociales y acercarse a las madres buscadores y escucharlas –en un contexto en el que no sólo no lo son, sino que se les criminaliza–, fueron las principales recomendaciones.

Texto: Mariana Domínguez Batis / Fotos: Elihú Cortés

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